El Gobierno logró este jueves un triunfo clave en la Cámara de Diputados, donde la oposición no consiguió los votos necesarios para aprobar la ley de reforma del impuesto a los combustibles, que buscaba modificar la distribución de la coparticipación de ese tributo entre Nación y provincias.
El proyecto, impulsado por un grupo de 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, obtuvo 126 votos a favor, tres menos de los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta exigida por la Constitución. La sesión se extendió hasta cerca de las tres de la madrugada, en medio de un fuerte debate sobre el tipo de mayoría requerida.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que debía votarse con mayoría absoluta al tratarse de un cambio en el régimen de coparticipación, y citó el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional para respaldar su postura. Su interpretación fue cuestionada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien argumentó que la norma no restaba recursos a las provincias sino que los devolvía, por lo cual bastaba una mayoría simple.
Finalmente, Menem impuso su criterio y, además, utilizó su voto —habilitado en este tipo de casos— para rechazar la iniciativa. La votación terminó 126 a 7, con cinco abstenciones de la izquierda y 119 ausentes, entre ellos varios legisladores alineados con gobernadores que habían firmado el proyecto.
Entre los ausentes se destacaron representantes de Corrientes, Córdoba, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Mendoza, Chaco y San Juan, lo que evidenció la fractura del grupo de mandatarios provinciales que había impulsado el texto original. También faltaron figuras de Encuentro Federal como Miguel Ángel Pichetto, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer.
El dictamen de mayoría buscaba modificar el reparto del impuesto a los combustibles, asignando un 52% a las provincias, un 14,2% al Tesoro Nacional y un 28,6% al Sistema Único de Seguridad Social (Anses). Actualmente, las provincias reciben el 10,4%, la Anses el 28,6% y el Tesoro el 24,2%, mientras que el resto se destina a distintos fondos fiduciarios que el Gobierno busca eliminar.
En contraposición, el dictamen oficialista proponía mantener la estructura vigente, con el 30% para el Estado Nacional, 28,6% para la Anses y 40% para las provincias según la ley de coparticipación.
Tras el rechazo, el proyecto solo podrá volver a tratarse en el próximo período parlamentario, por lo que el oficialismo consiguió frenar, al menos por ahora, una iniciativa que amenazaba con recortar recursos nacionales.
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