La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados emitió dictamen al proyecto de Alcohol Cero al volante, que busca prohibir en todo el país el manejo de vehículos tras consumir alcohol. El diputado Eduardo Toniolli, quién impulsó este proyecto, recordó que “las jurisdicciones que adoptaron esta legislación lograron bajas sensibles en la siniestralidad vial”.
“Partiendo de la base de que en la Argentina la principal causa de muerte en los jóvenes son los siniestros viales, es importante señalar que esta es una cuestión prioritaria en materia de salud pública” expresó Toniolli, que aseguró que “el alcohol afecta nuestros sentidos y capacidades”, y que “con una graduación de entre 0.1 y 0.5 es tres veces más alto el riesgo de provocar un siniestro vial que en el caso de un conductor sobrio”. “Por eso decimos alcohol cero, y no 0,1 o 0,2: queremos erradicar la especulación de quién sabe que tiene que conducir”, afirmó el ex concejal de Rosario.
El proyecto es impulsado por distintos sectores que buscan evitar el consumo de alcohol de quienes manejan vehículos. Un estudio del Ministerio de Salud destacó que más del 15,2% de los argentinos admite manejar, al menos una vez por mes, un rodado tras haber ingerido alcohol. La misma encuesta señala que 1 de cada 4 conductores siniestrados declararon haber consumido bebidas alcohólicas en las horas previas al accidente.
“Si la exigencia de no consumir alcohol corre hace veinticinco años para los conductores profesionales que, por ejemplo, trasladan a desconocidos en unidades de transporte público, como colectivos o taxis, ¿por qué no exigir lo mismo a quienes trasladan a familiares y seres queridos en su automóvil particular?” dijo Toniolli.
Con el dictamen aprobado en la Comisión de Transporte, la expectativa es que la iniciativa pueda tratarse en el recinto de la cámara baja antes de fin de año. La normativa ya rige en las provincias de Chubut, Jujuy, La Pampa, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, y en ciudades como Rosario y Santa Fe, entre otras. A nivel regional, países como Uruguay, Paraguay y Brasil cuentan con leyes similares.
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