La Justicia avanzó en la causa por el crimen de Juan Cruz Leal, el joven de 20 años asesinado en el partido bonaerense de Ituzaingó, y solicitó la prisión preventiva para el policía acusado, Lucas Adrián Gómez. La fiscal del caso, María Alejandra Bonini, sostiene que existen pruebas suficientes para imputarlo por el delito de homicidio agravado.
El pedido fue presentado este viernes ante el juez Fraga, quien ahora deberá resolver la situación procesal del efectivo en un plazo de cinco días. Mientras tanto, el acusado permanece bajo investigación por el hecho ocurrido el pasado 12 de marzo.
El episodio tuvo lugar en la intersección de Martín Rodríguez y Perdomo, en el barrio San Alberto, cuando el policía —integrante de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad— se encontraba con su pareja a bordo de una moto.
Según la reconstrucción judicial, en ese momento observó a dos jóvenes que circulaban en otro rodado similar y, creyendo que se trataba de un intento de robo, efectuó dos disparos con su arma reglamentaria. Los tiros impactaron en Juan Cruz Leal y en su amigo, Daniel Enrique Kuhne, ambos de la misma edad, quienes resultaron gravemente heridos.
Tras el ataque, una ambulancia trasladó a Kuhne al Hospital Posadas, donde quedó fuera de peligro. En cambio, Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde permaneció varias horas en estado crítico hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.
El caso generó conmoción por las circunstancias del hecho, ya que los jóvenes se dirigían a jugar al fútbol al momento del ataque.
El padre de la víctima, Diego Leal, confirmó el avance judicial y pidió que se haga justicia. En diálogo con la prensa, explicó: “El magistrado tiene un plazo de cinco días para resolver a qué penal va el policía. Hay que esperar a la semana que viene”.
Con el pedido de prisión preventiva, la causa entra en una etapa decisiva. La fiscalía busca que el acusado permanezca detenido mientras avanza el proceso, al considerar la gravedad del delito y las pruebas reunidas. La definición queda en manos del juez, que deberá determinar si hace lugar al planteo y formaliza la detención del policía imputado por un caso que reavivó el debate sobre el uso de la fuerza por parte de efectivos de seguridad.
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