El oficialismo buscará sancionar este jueves la ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea junto a la modificación de la Ley de Glaciares, dos iniciativas clave para la agenda económica de la Casa Rosada. Con el objetivo de ganar terreno frente a otros socios regionales y destrabar inversiones mineras, el Ejecutivo adelantó los tiempos parlamentarios en una semana que continuará mañana con el debate sobre la reforma laboral y el régimen penal juvenil.
La decisión de acelerar el tratamiento del acuerdo birregional responde a los movimientos del Parlamento de Uruguay, que se encamina a dar el visto bueno al convenio en las próximas horas. El Gobierno de Javier Milei pretende que Argentina sea el primer país del bloque en ratificar el texto firmado en enero, bajo la premisa de que esta prioridad le otorgaría ventajas competitivas frente a sus vecinos. El tratado propone crear una zona de libre comercio que integrará a 700 millones de consumidores y eliminará aranceles para el 90% de las exportaciones nacionales, abarcando desde productos químicos hasta maquinaria y alimentos.
En paralelo, el recinto abordará la reforma de la Ley de Glaciares, un compromiso asumido con los gobernadores de las provincias cordilleranas para incentivar la actividad extractivista. La propuesta central busca redefinir qué áreas periglaciares gozan de protección estatal, limitando el blindaje únicamente a aquellas formaciones que cumplan una función hídrica estratégica comprobable. Esta distinción permitiría habilitar proyectos de minería e hidrocarburos en zonas que hoy están inhabilitadas por la normativa vigente, delegando en las provincias la facultad de determinar qué suelos pueden ser explotados.
Sin embargo, este último punto generó fuertes tensiones dentro de la oposición dialoguista, ya que el radicalismo presentó un proyecto alternativo que busca mantener la autoridad del IANIGLA por sobre las decisiones políticas provinciales. Mientras el oficialismo confía en captar votos de senadores peronistas vinculados a provincias mineras, la iniciativa enfrenta el rechazo tajante de la Iglesia y diversas asambleas ambientalistas. Estos sectores advierten que la reforma representa una regresión inconstitucional que pone en peligro las reservas de agua dulce del país frente a intereses corporativos de corto plazo.
La actividad legislativa no dará respiro, ya que para el viernes está convocada una nueva sesión donde se tratarán los proyectos de reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. Además, se espera que este jueves se apruebe el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, consolidando el equipo diplomático encargado de gestionar los lazos comerciales con el viejo continente en esta nueva etapa de integración regional.
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