Familiares de las víctimas fallecidas por el suministro de fentanilo contaminado convocaron a una marcha frente al Congreso de la Nación para el próximo viernes 24 de abril a las 16:00, con el objetivo de reclamar justicia y exigir avances en la causa judicial. La movilización se realizará en las inmediaciones del parlamento bajo la consigna “Fentanilo adulterado: nunca más”.
La convocatoria surge en un contexto de profundo dolor y creciente indignación, a casi un año del inicio de la investigación por uno de los casos sanitarios más graves de los últimos tiempos. Los familiares buscan visibilizar el reclamo y presionar para que se tomen medidas concretas que eviten que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
Desde la organización, remarcaron el trabajo que vienen realizando en el ámbito legislativo: “Las familias afectadas nos reunimos con diputados para impulsar proyectos que busquen verdad, justicia y medidas urgentes para que esto no vuelva a ocurrir”. En ese sentido, también informaron que presentaron una iniciativa clave: “Las familias presentamos un proyecto de ley de trazabilidad para prevenir más tragedias”.
Como parte de la convocatoria, recordaron la movilización realizada en julio de 2025, donde desplegaron una bandera con un mensaje que sintetiza el impacto del caso: “Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Víctimas del fentanilo adulterado, familias unidas por el dolor”.
En paralelo, la causa judicial continúa su curso con cinco acusados principales, entre ellos la madre del empresario Ariel García Furfaro, vinculado a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. En los últimos días, el expediente sumó nuevas instancias: comenzó una ronda de declaraciones testimoniales, aunque algunos implicados solicitaron postergar sus indagatorias y otros directamente se negaron a declarar ante el juez.
La investigación también avanzó en la magnitud del caso. En un principio, los acusados habían sido imputados por la muerte de 20 pacientes, pero tras nuevas pericias el número de víctimas asciende a cerca de 114 casos registrados, lo que agrava la situación judicial de los involucrados.
Con este panorama, la marcha del viernes busca no solo mantener viva la memoria de las víctimas, sino también acelerar respuestas en una causa que, para las familias, aún está lejos de ofrecer certezas.
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