La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar contra la Argentina en un litigio internacional vinculado a la estatización de Aerolíneas Argentinas y ordenó al Estado pagar 390 millones de dólares al fondo Titan Consortium, que adquirió los derechos del reclamo iniciado por el grupo español Marsans, antiguo propietario de la compañía.
La decisión fue tomada por la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien autorizó la ejecución en territorio estadounidense del laudo emitido años atrás por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.
Un conflicto que comenzó en 2008
El origen de la disputa se remonta a 2008, cuando el Gobierno argentino decidió reestatizar Aerolíneas Argentinas, que en ese momento estaba controlada por el grupo español Marsans. La expropiación derivó en un arbitraje internacional impulsado por los accionistas, quienes denunciaron que no recibieron una compensación adecuada por la operación.
En 2019, el CIADI condenó al Estado argentino a pagar una indemnización. Con el paso de los años, la deuda fue creciendo por la acumulación de intereses hasta alcanzar los USD 390 millones que ahora fueron reconocidos por la Justicia estadounidense.
Posteriormente, Marsans cedió los derechos de cobro a Titan Consortium, un fondo especializado en la compra de créditos derivados de litigios internacionales, que continuó el proceso judicial para intentar ejecutar el laudo.
Riesgo de embargos
El fallo habilita al fondo demandante a reclamar el cobro de la indemnización en Estados Unidos y, en caso de incumplimiento, solicitar el embargo de activos argentinos que puedan ser alcanzados por la legislación de ese país.
No obstante, especialistas en derecho internacional remarcan que no todos los bienes del Estado son embargables. Los activos vinculados a funciones diplomáticas o soberanas suelen estar protegidos por normas de inmunidad, por lo que cualquier intento de ejecución deberá analizarse caso por caso.
Un nuevo frente judicial para el país
La resolución se suma a otros litigios de alto impacto económico que enfrenta la Argentina en tribunales internacionales, entre ellos el juicio por la expropiación de YPF, que también se tramita en Nueva York y representa uno de los mayores riesgos financieros para el Estado.
Por el momento, el Gobierno nacional no informó si apelará la decisión o buscará una instancia de negociación con el fondo demandante para evitar nuevas medidas judiciales.
La causa por Aerolíneas Argentinas vuelve a poner en el centro de la escena las consecuencias económicas de los arbitrajes internacionales iniciados tras procesos de expropiación y representa un nuevo desafío para las cuentas públicas argentinas.
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