Cuando el actual gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro ocupaba una banca en la legislatura, y el por entonces senador Senador provincial Lisandro Enrico (Frente Progresista) fueron las voces que advirtieron el mal accionar del juez federal Marcelo Bailaque.
Desde hace tiempo, que tanto el actual gobernador Maximiliano Pullaro y el entonces Senador provincial Lisandro Enrico, eran los dirigentes que venían advirtiendo sobre lo que consideran “una preocupante inacción” del juez federal Marcelo Bailaque en las causas por narcotráfico que se tramitan en Rosario.
Una denuncia formalizada ante el Consejo de la Magistratura por parte del entonces diputado nacional Jorge Mario Álvarez, sumada a las fuertes críticas de los fiscales federales Juan Patricio Murray y Federico Reynares Solari, confirmaron las sospechas que Enrico y Pullaro venían manifestando: que la fragmentación de las causas, la falta de medidas procesales y la pasividad judicial están debilitando la lucha contra las organizaciones criminales.
“Hace tiempo venimos señalando que la justicia federal en Rosario no está a la altura de las circunstancias frente al narcotráfico”, sostuvo Enrico, quien junto a Pullaro allá por el año 2013, cuando evaluaban presentar una denuncia contra Bailaque y su colega Carlos Vera Barros. La preocupación de ambos dirigentes no era nueva: hacia meses que vinían reclamando públicamente por la inacción judicial ante más de cien denuncias de búnkers de droga realizadas por el gobierno provincial y que, según denuncian, nunca fueron acompañadas de medidas efectivas.
La respuesta de Bailaque a los fiscales, negándose a acumular causas pese a las conexiones evidentes entre los expedientes, fue el detonante de una disputa que ya estaba latente. “Si los jueces no hacen lo que tienen que hacer para impartir justicia y evitar la impunidad, vamos a pedir que los destituyan”, advirtió Enrico, reflejando la firme postura política de avanzar sobre los jueces que —a su criterio— obstaculizan las investigaciones.
El propio magistrado intentó defenderse en declaraciones públicas, argumentando que la acumulación de causas es una facultad exclusiva del juez y que muchos de los pedidos de allanamiento carecían de sustento jurídico. Sin embargo, para Pullaro y Enrico estas explicaciones no alcanzan frente a la escalada de violencia y el avance del narcotráfico en la ciudad.
En febrero del 2013, el entonces diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) fue quien formalizó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, lo que permitió abrir la puerta a un proceso disciplinario al magistrado. Las advertencias de Pullaro y Enrico cobraban otra dimensión, al haberse convertido en las primeras voces que pusieron en la agenda pública el funcionamiento del juzgado federal Nº4 de Rosario.
La controversia pone sobre la mesa un problema más profundo: el rol y la eficacia de la justicia federal en la lucha contra el narcotráfico, en una ciudad donde la violencia ligada a las economías ilegales no da tregua.
Un desenlace que terminó con el pedido de prisión preventiva a Bailaque
El pasado martes comenzó en Rosario la audiencia de imputación contra el juez federal Marcelo Bailaque, en donde se dictó la prisión preventiva que no se hará efectiva ya que el magistrado cuenta con inmunidad de arresto.
El fiscal Matías Scilabra leyó una extensa lista de líneas telefónicas que el juez rechazó intervenir en 2014. Todas estaban vinculadas al entorno de Alvarado: su socio Jorge Benegas, su pareja Rosa Capuano y Daniela Ungaro, pareja del narco Luis Medina, entre otras. Una de las escuchas que sí consta en el expediente muestra a Alvarado advirtiendo: “Nos están empezando a allanar, tenemos que hablar con el contador por lo de las empresas”. La referencia apuntaba a Gabriel Mizzau, amigo personal de Bailaque.
El fiscal Federico Iglesias explicó que, en su rol, Bailaque era la única persona dentro de la justicia federal que conocía en simultáneo las dos causas activas contra Alvarado: una por narcotráfico y otra por lavado de dinero. “Por eso eran infundadas sus negativas a intervenir las líneas”, remarcó.
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