El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, solicitó formalmente a las autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez que colaboren con las investigaciones judiciales abiertas contra nueve altos dirigentes del régimen chavista, entre ellos el hijo de Nicolás Maduro. La exigencia incluye acceso a documentación confidencial, entrevistas y trazabilidad financiera de operaciones bajo sospecha.
Según confirmó una fuente conocedora de las conversaciones al diario ABC de España, el pedido no se limita a declaraciones formales sino que apunta a una cooperación progresiva y estructurada con la Justicia estadounidense.
Las tres etapas del plan de Washington
El planteo de Washington contempla tres niveles de exigencia.
En una primera fase, Estados Unidos reclama que sus funcionarios puedan realizar entrevistas, acceder a registros administrativos y revisar documentación confidencial vinculada a los investigados.
La segunda etapa prevé que equipos de investigación estadounidenses participen e incluso supervisen parte del proceso de verificación, aunque bajo la condición de que Caracas no reconozca públicamente dicha cooperación.
Finalmente, la tercera instancia contempla mecanismos de entrega o traslado de funcionarios bajo investigación, evitando utilizar el término “extradición”, ya que la Constitución venezolana y el Código Penal (artículo 6) prohíben extraditar ciudadanos venezolanos. No obstante, el Estado podría procesarlos si cometieron delitos en el extranjero.
Quiénes son los señalados
Entre los principales apuntados por Washington figuran Nicolás Maduro Guerra (hijo del ex mandatario), Alex Saab, Raúl Gorrín, Samark López Bello, Tareck El Aissami, Walter Jacob Gavídia Flores y Pedro Luis Martín-Olivares.
Saab y Gorrín conformarían el bloque central para identificar y procesar al resto de los señalados en causas vinculadas principalmente con lavado de dinero y narcotráfico.
En tanto, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López no aparecen actualmente en la lista de prioridad para la Justicia estadounidense. Según advertencias del secretario de Estado Marco Rubio, ambos podrían quedar al margen de una eventual transición si no cumplen con las exigencias de Washington. De acuerdo con el medio español, tampoco serían prioridades inmediatas para las investigaciones.
Contactos diplomáticos y cooperación antidrogas
En paralelo, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), el general Francis L. Donovan, visitó Venezuela y mantuvo una reunión con Delcy Rodríguez. Ambas partes acordaron fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.
El Palacio de Miraflores informó en redes sociales que se trabajará en una agenda conjunta para combatir el tráfico de drogas, el terrorismo y abordar la gestión migratoria, definidos como “desafíos transnacionales”.
Al encuentro asistieron también Cabello y Padrino. El portavoz chavista Miguel Ángel Pérez expresó en X que “ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes”.
La situación judicial de Maduro y Cilia Flores
Mientras tanto, las últimas novedades sobre Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores indican que el 30 de enero recibieron una visita consular en la cárcel de Nueva York donde permanecen detenidos a la espera de su próxima audiencia judicial, reprogramada para el 26 de marzo.
Tras su primera comparecencia el 5 de enero, el juez Alvin Hellerstein ordenó garantizar el acceso consular e informar al tribunal sobre cada visita. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York notificó el aplazamiento de la audiencia —inicialmente prevista para el 17 de marzo— a pedido de la fiscalía y con consentimiento de la defensa, para reunir más pruebas y definir mociones previas al juicio. El magistrado aceptó el cambio “en interés de la justicia”.
Maduro, de 63 años, fue capturado el 3 de enero durante un operativo militar estadounidense en Caracas y compareció dos días después ante la Justicia. En la audiencia inicial, él y Flores, de 69 años, se declararon inocentes y afirmaron ser “prisioneros de guerra”. Además, Maduro sostuvo que continúa siendo “el presidente constitucional de Venezuela”.
La acusación formal contra ambos incluye cuatro cargos principales: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra.
El documento judicial sostiene que colaboraron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas para enviar “miles de toneladas de cocaína” a territorio estadounidense mediante rutas en el Caribe y Centroamérica, actuando bajo la estructura del Cártel de los Soles junto a altos funcionarios militares venezolanos durante más de 25 años.
La presión diplomática y judicial de Washington abre ahora un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, con la cúpula chavista bajo una creciente lupa internacional.
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