La subsecretaria provincial de Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz, confirmó que las llamadas por alarmas domiciliarias ocupan el 30% de la operatividad policial en calle en Rosario, una problemática que se replica en toda Santa Fe. La Provincia aprobó una nueva Ley de Seguridad Privada para regular el funcionamiento de las empresas y optimizar el trabajo de los agentes.
La funcionaria explicó que el Ministerio de Seguridad, por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, comenzó a trabajar en este tema al inicio de la gestión, dado que no existía ni siquiera un registro de las empresas que prestan el servicio de alarmas.
Chumpitaz reveló una cifra alarmante: en el último año, de 150.000 avisos, solo 350 tuvieron una “incidencia real”, es decir, algo sospechoso que justificara el envío de un móvil policial.
La nueva Ley: Registración, profesionalización y sanciones
La nueva Ley de Seguridad Privada es un marco amplio que abarca dos grandes ejes: la seguridad privada física (vigiladores) y la seguridad electrónica. Dentro de la seguridad electrónica, el Gobierno busca tres puntos fundamentales:
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Registración: Saber quiénes prestan el servicio.
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Profesionalización: Asegurar que el servicio lo realiza personal capacitado.
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Régimen de sanciones: Establecer multas para quienes hagan un uso abusivo o irracional del recurso policial.
Chumpitaz señaló que la ley no busca la sanción como fin, sino impulsar un trabajo conjunto con el sector. Señaló que estas falsas alarmas, que pueden deberse a problemas técnicos, errores humanos o activación por mascotas, perjudican al ciudadano al desviar la operatividad policial de casos reales.
El Ministerio de Seguridad y las cámaras empresariales trabajaron en conjunto durante dos años para darle una solución a la problemática.
El apoyo del sector privado
La subsecretaria indicó que el sector privado está conforme con la ley, ya que desde hace tiempo exigían esta regulación para terminar con la competencia desleal de quienes no se registran o tienen personal en negro.
Actualmente, el Gobierno provincial se encuentra en la etapa de reglamentación de la ley, donde realizarán un procedimiento que puede incluir una verificación previa y tendrá en cuenta la magnitud de cada empresa, diferenciando entre grandes operadores y pequeños comercios.
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