Un relevamiento nacional realizado por la organización Inquilinos Agrupados reveló que el 70,9% de los inquilinos tiene deudas activas y que cada vez más personas deben recortar gastos esenciales, como alimentos y salud, para poder pagar el alquiler. El informe refleja un deterioro generalizado en las condiciones de vida de quienes alquilan en el país.
El estudio también mostró un cambio en las principales preocupaciones de los inquilinos: por primera vez, el salario y el empleo aparecen por encima del acceso a la vivienda como los problemas más urgentes. Esto evidencia que la crisis habitacional está cada vez más vinculada a la caída de ingresos y la inestabilidad laboral.
En cuanto al peso del alquiler sobre los ingresos, el informe señala que los aumentos se aplican cada tres o cuatro meses y dificultan la planificación económica. Mientras algunos hogares destinan menos del 30% de sus ingresos al alquiler, otros deben utilizar entre el 60% y el 100% de su salario para pagar la vivienda.
El relevamiento también refleja el impacto en el trabajo: el 46% de los inquilinos tiene más de un empleo, el 14% perdió algún trabajo y el 30% tuvo que sumar otra actividad para poder sostener sus ingresos. El endeudamiento aparece como una herramienta cada vez más utilizada para afrontar gastos básicos.
Además, más de la mitad de los inquilinos se endeudó para comprar alimentos y casi el 40% para pagar el alquiler, mientras que la mayoría mantiene deudas con tarjetas de crédito. En este contexto, el 65% de las personas que alquilan aseguró que tuvo que recortar gastos en comida y casi un tercio dijo que solo realiza una o dos comidas por día.
El informe concluye que la crisis de los inquilinos ya no se limita al acceso a la vivienda, sino que se transformó en un problema económico y social más amplio, atravesado por la caída del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la dificultad para sostener el alquiler
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