El sampedrino Patricio Serjal pasó en 2017 de un cargo menor dentro del MPA como era el de una Fiscalía de Flagrancias a ser el jefe de todos los fiscales de Rosario. La bendición había llegado de la mano del entonces gobernador Lifschitz y al pliego lo aprobó la Legislatura. En la misma época se votaba el ingreso de Gustavo Ponce Asahad como fiscal a las órdenes de Serjal. El costo de esas decisiones se vería un tiempo después.
Subsidios, megacausa y sanciones
Apenas asumido, Serjal se reunió con el senador Armando Traferri en la sede vieja de Fiscalía en calle Montevideo al 1900. Fue el 24 de abril de 2017. ¿De qué hablaron? Las cosas que pasaron después pueden dar algunas pistas.
Un par de meses más tarde, el ex concejal rosarino Jorge Boasso presenta una denuncia penal contra varios senadores procinciales por inconsistencias en los datos sobre el reparto de subsidios. Entre ellos, uno de los mencionados es Traferri.
Para seguir poniendo en contexto y entender el derrotero de Serjal, vale la pena recordar que a fines del año 2016 había estallado una causa penal por un millonario fraude inmobiliario con diez imputados. Había varios apellidos de renombre implicados. Los fiscales que habían hecho la investigación eran Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot.
En una operación para obstruir la causa, en mayo de 2017, Serjal corre de la jefatura de la Unidad de Delitos Económicos a Narvaja. Y según declararía Haurigot, fue para “entorpecer la investigación que se venía realizando en la Mega Causa por estafas inmobiliarias”.
“Era el acuerdo que tenía Serjal con el Diario La Capital, antes de que de eleve su pliego a la Legislatura”, le indica ahora a RedBoing una fuente calificada que tuvo acceso a la causa. En febrero, el tema debería llegar a juicio, ya más desinflado que en sus orígenes.
Por decisión de Serjal, también hubo cambios en las causas que había iniciado Narvaja contra los legisladores, que son reasignadas. Y quien termina decidiendo sobre la que investigaba al polémico senador sanlorencino es Natalia Benvenuto, que en marzo de 2018 clausura el tema. El hecho de que los titulares de la Fundación que recibía los aportes del Senado hayan sido empleados del propio Traferri en la Legislatura o familiares de él, no configuran para Benvenuto un delito sino apenas un problema moral.
En el medio se había logrado un acuerdo en la Legislatura para votar en noviembre de aquel 2017 un sistema único en el país: el régimen disciplinario que permite a los senadores y diputados provinciales remover fiscales. El porqué de esa decisión se vería un tiempo después.
Aquellas investigaciones por los subsidios del Senado procincial, de paso, recién se sacarían de abajo de la alfombra en agosto de 2021: con el ex fiscal regional destituido y preso, fue María Eugenia Iribarren -que reemplazó en forma interina al abogado sampedrino desde que éste cayó en desgracia- quien decidió la reapertura de las causas. ¿A quién se las asignó? Al mismo Narvaja que en su momento Patricio Serjal había corrido del tema.
El DNI y los Toyota
Volviendo a Serjal, en su momento el abogado Eugenio Malaponte, había cuestionado un cambio de DNI que había hecho Serjal, con el que presuntamente había conseguido los años de domicilio en Rosario necesarios para asumir al frente de una Fiscalía.
Aquella denuncia no prosperó. Pero sí hubo una decisión de Serjal, ya a cargo de la Fiscalía Regional, que le valió un señalamiento público y también de su jefe el Fiscal General, Jorge Baclini: fue cuando decidió cerrar una investigación del MPA que llevaba cinco años contra una agencia Toyota. Y a la semana siguiente retiró de la misma agencia dos autos 0 km, un Etios y un Corolla.
Después, la historia más conocida: el asesinato de un apostador en el balcón de fumadores del City Center en enero de 2020 y la investigación de los fiscales Edery y Schiappa Pietra que dejó al desnudo una trama que incluía a Serjal, junto a capitalistas del juego ilegal, policías, el senador Traferri y con extorsiones previas de Los Monos.
Entre las cosas que quedaron a la vista, se supo que dos días antes del atentado contra el casino, la policía había detenido en un operativo de rutina a quienes debían ejecutarlo. Habían caído de forma casual, porque estaban con un arma en un auto sin papeles. También se descubrió que pocas horas después un sicario de Los Monos que estaba involucrado con el plan para atacar el City Center que tenía llegada con Guille Cantero, se comunicaba con Leonardo Peiti, capitalista del juego ilegal para pedir información sobre los detenidos. Y que Peiti a su vez le pedía estos datos a un empleado del MPA, que los filtraba del sistema. Se llama Nelson Ugolini y en estos días participa de las audiencias junto a su ex jefe Serjal, acusados ambos y camino a un juicio.
¿Viveza criolla o complicidades?
Serjal llega al juicio en libertad por decisión de un fallo judicial a comienzos de este año. Pero antes que eso, había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria tras haber pasado varios meses detenido en el ORDER, la cárcel de la zona sudoeste de Rosario.
¿Cómo había accedido a esa posibilidad? Por un plan casi cinematográfico. Una vez que ingresó a la cárcel y ya destituido de su cargo como Fiscal Regional, consiguió el permiso para que lo visite en forma diaria un personal trainer que lo obligó a un trabajo de mucho esfuerzo físico.
La comida carcelaria en esos días de ostracismo y encierro, según contó su ex subordinado Gustavo Ponce Asahad que también estaba preso, era “un guiso hecho a base de caracú”. Pero Serjal se hacía llevar por sus familiares una alimentación distinta, hipocalórica.
El resultado del ejercicio más ese menú que se autoadministraba fue una notoria pérdida de peso: bajó 18 kilos en seis meses y al dato lo usaron sus abogados para pedir domiciliaria por su “mal estado de salud”. Una viveza criolla, que mostró también como Serjal seguía teniendo -aún preso- capacidad para lograr ciertos acuerdos que lo beneficiaron.
¿La tendrá todavía hoy, cuando va camino al juicio en el que Edery y Schiappa Pietra pedirán 12 años de prisión para él? Parte de la respuesta se verá el próximo martes, cuando el Tribunal responda por la validez o no de las pruebas presentadas en las audiencias preliminares que se hicieron la última semana.
Todos estos recuerdos cobran vigencia hoy por las audiencias judiciales en contra de Patricio Serjal, pero también porque en pocos meses se renuevan cargos de conducción en el Ministerio Público de la Acusación y está visto que una decisión equivocada del poder político puede costarle muy caro a la justicia provincial y a los santafesinos en los próximos años.
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