La aceitera Vicentin volvió a ser noticia, a días de que se deba conocer su propuesta definitiva a los cientos de acreedores, la Corte Suprema de Santa Fe decidió intervenir en ese proceso y le quitó el expediente al juez comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini. Además, comenzó a escucharse dentro del Frente de Todos la necesidad de que el Estado vuelva a contar con una empresa testigo en el mercado de granos, una expresión que se escuchó este fin de semana en boca del propio presidente Alberto Fernández.
Vicentin emitió un comunicado reclamando por la continuidad del concurso de acreedores para poder comenzar a saldar las deudas de un modo acordado con la mayoría de ellos. Por cierto, la nueva situación sorprendió a muchos de los 2.638 acreedores que tiene la compañía. La mayoría de ellos son productores de granos o acopios a los que, de ser aceptada la oferta en los próximos días, Vicentin les prometía cancelar en un pago los pasivos de hasta 30 mil dólares, claro que recalculados con un fuerte descuento respecto de la deuda original.
En el comunicado, firmado en la ciudad santafesina de Avellaneda, donde Vicentin conserva su casa matriz, la empresa se manifiesta respecto de “una decisión de la Corte Suprema de Santa Fe que implicaría la suspensión de los plazos del proceso en instancias decisivas para la salida ordenada del trámite concursal”, pero también sobre “las declaraciones presidenciales publicadas en la prensa relativas a la conveniencia de contar con una empresa testigo que ordene el mercado”.
El Directorio de Vicentin señaló primero que nada que “ratifica su confianza en las instituciones -en especial en la justicia provincial- y que aguarda con expectativa la reanudación de los plazos procesales a fin de terminar la acreditación de las conformidades requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras para alcanzar un Acuerdo con sus legítimos acreedores”.
En ese mismo sentido, ilusionándose con que la Corte Suprema finalmente desista de su intención de volver a comenzar con todo el proceso concursal (que se inició en febrero de 2020 y ya lleva más de dos años), la firma recordó que “la suspensión de plazos se ha ordenado en vísperas de la Audiencia Informativa establecida por la ley concursal, fijada para el miércoles 22 de junio a las 17.30”.
En esa audiencia, que ahora quedó en duda, “Vicentin debía brindar explicaciones respecto de la negociación llevada a cabo con sus acreedores, especialmente cómo iba a alcanzar las mayorías de ley dentro del plazo del período de exclusividad, y los asistentes podían formular preguntas sobre la propuesta”.
Es decir, allí Vicentin iba a explicar de qué modo pensaba cancelar su elevado pasivo, incluyendo la referida propuesta para cancelar en el primer pago sus acreencias más pequeñas, para renegociar los pasivos más abultados -en especial con bancos extranjeros- en un plazo de 15 años. Esta alternativa, que ya había sido adelantada, incluida un proceso de cesión de los activos del grupo a un bloque de tres agroexportadoras, entre las que figuraban Viterra (su socia en Renova, la planta de molienda de soja más importante del país) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
“Hasta la fecha, el proceso concursal ha discurrido, más allá de las dificultades propias de la envergadura e impacto de dicho proceso, de manera transparente, con la activa participación e involucramiento de todas las partes y bajo una rigurosa supervisión tanto del juzgado, como de la sindicatura y de los interventores actuantes impuestos por el propio juzgado”, argumentó Vicentin en rechazo a la intervención de la Corte Suprema, que se basaría en otra causa judicial -esta vez en la órbita penal- por estafa contra los directivos de la compañía, que se tramita en Rosario.
Vicentin indicó que su propuesta “a la fecha cuenta con el apoyo de más de 1.000 acreedores” y que tenía “posibilidades concretas de alcanzar la declaración de Existencia de Acuerdo”, tal como establece la legislación vigente como escape a la declaratoria de quiebra.
“Esta propuesta, creíble, sustentable y autosuficiente, es la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la sociedad recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías de ley”, enfatizó el comunicado de Vicentin, que así intentó colocar a su lado a la mayor cantidad posible de quienes dejó pedaleando en diciembre de 2019. Entre ellos, como se dijo, acumulan la mayor cantidad de dinero los bancos extranjeros, pero también el Banco Nación juega un papel importante y se ha manifestado muchas veces en contra de un eventual acuerdo.
El directorio de Vicentin también cruzó al presidente Alberto Fernández, quien esta fin de semana reavivó las expectativas de su tropa en que el Estado decida finalmente una intervención en la compañía, pero no ya con una costosa expropiación como la que planteó fallidamente en 2020 sino interviniendo en el “cramdown”, una instancia judicial en la que los acreedores pueden acercar propuestas para resolver el concurso de acreedores. Allí, según especulaciones jamás precisadas por el propio Estado, el kirchnerismo se ilusiona con hacer jugar a YPF Agro.
“Todas las explicaciones relativas a un hipotético cramdown -imposibilitado por el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta- sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”, retrucó la compañía.
“Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”, recordó la compañía, que en rigor competía hasta su crisis con otros gigantes globales, como la china Cofco y la estadounidense Cargill (entre ambas controlan 25% del negocio) o las reconocidas Dreyfus, Bunge, ADM o la propia Viterra, que antes se denominaba Glencore.
Luego de exponer sus argumentos, los directivos en funciones de Vicentin dijeron: “Esperamos poder terminar en el tiempo previsto la reorganización final de la sociedad y comenzar con los pagos lo antes posible, lo que permitirá superar definitivamente esta etapa tan difícil y continuar operando de manera segura y confiable hacia un futuro sustentable”.
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