El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente José Jerí en un pleno extraordinario que aprobó la moción de censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. La decisión se tomó en Lima, tras semanas de creciente presión política y mediática por una serie de escándalos que incluyeron el denominado “Chifagate”, presuntas reuniones clandestinas con empresarios chinos y cuestionadas contrataciones en el Estado.
La sesión comenzó a las 10:00 horas y concluyó pasadas las 14:20, sellando la salida del mandatario, quien llevaba 130 días en el cargo y se convirtió en el séptimo presidente en dejar el poder en los últimos diez años. Su destitución activa ahora el mecanismo constitucional de sucesión: el Parlamento deberá elegir un nuevo titular del Congreso, que asumirá interinamente la jefatura del Estado hasta el 28 de julio. El actual presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, confirmó que la elección será este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas.
Censura o vacancia: la discusión de fondo
Antes de la votación, se debatió una cuestión previa para evitar la censura y avanzar hacia una vacancia presidencial, figura que requiere 87 votos (dos tercios del Congreso) según el artículo 113 de la Constitución. La moción alternativa fue desestimada por la mayoría parlamentaria.
La diferencia es sustancial: la censura implica el cese inmediato del cargo, mientras que la vacancia supone la destitución definitiva del presidente por causales constitucionales y exige una mayoría más amplia. El propio Jerí había señalado en entrevista con Panamericana que el procedimiento adecuado era la vacancia. “Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando es un procedimiento de vacancia”, sostuvo. No obstante, aclaró que respetaría la decisión del Congreso.
El “Chifagate” y las reuniones clandestinas
El detonante político fue el “Chifagate”, tras la difusión de imágenes que mostraban a Jerí ingresando encapuchado, de noche y fuera de agenda, a un restaurante en San Borja vinculado al empresario chino Zhihua Yang. También se confirmó otra reunión en el Market Capón, en el Barrio Chino, además de ingresos a Palacio del empresario Ji Wu Xiaodong, quien tenía arresto domiciliario y presuntos nexos con mafias de tala ilegal.
La Fiscalía abrió una investigación por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, mientras el Congreso citó al presidente para explicar la adjudicación de 8.000 cámaras de videovigilancia por S/112 millones. Jerí pidió disculpas públicas por la forma y el sigilo de los encuentros, pero ofreció versiones contradictorias.
Según Ipsos, el 78% de los peruanos percibía indicios de corrupción en su comportamiento. En apenas un mes, su desaprobación escaló 20 puntos, alcanzando el 61% según Ipsos y el 70,4% según Imasen.
Contrataciones bajo sospecha y el caso FAG
La crisis se agravó con reportajes que revelaron que al menos cinco mujeres habrían sido contratadas por el Estado tras visitas nocturnas a Palacio. Las remuneraciones alcanzaban hasta USD 3.000 mensuales bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), destinado a altos perfiles técnicos.
La Contraloría General de la República solicitó expedientes y comprobantes de pago, mientras la Fiscalía Anticorrupción inició investigaciones por posibles delitos contra la administración pública. El programa Beto a Saber denunció al menos 14 beneficiarias adicionales.
Denuncias penales y patrimonio bajo la lupa
El 30 de diciembre de 2024, Jerí fue denunciado por violación sexual tras una fiesta de fin de año. El caso fue archivado por falta de pruebas concluyentes, aunque el dictamen forense confirmó lesiones físicas en la denunciante.
Posteriormente, la Fiscalía abrió otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, tras la filtración de un chat que mencionaba un pago de USD 200.000 a cambio de aprobar una ley. Se detectó la compra de un penthouse por S/795.000, cocheras, depósitos y un lote de playa, pese a haber declarado ingresos de S/5.000 mensuales.
Fiestas privadas y crisis de gobernabilidad
La polémica incluyó una fiesta privada en Cieneguilla con unos 40 invitados, entre ellos congresistas y la extrabajadora Isabel Cajo, vinculada a una presunta red de prostitución en el Congreso. Jerí defendió el carácter privado del evento y reconoció que “la vida privada del presidente siempre estará bajo escrutinio público”.
En paralelo, el país registró un promedio récord de 5,55 homicidios diarios en 2025, y el prometido Plan Nacional de Seguridad Ciudadana nunca fue presentado en tiempo y forma.
Con su destitución, Perú suma otro capítulo a una década marcada por la inestabilidad política, con ocho presidentes en diez años y un Congreso nuevamente en el centro de la escena institucional.
Comentarios