En un ambiente político cada vez más caldeado por las acusaciones al Gobierno por presunta corrupción, el Senado fue protagonista de una sesión histórica este jueves, cuando por primera vez en 22 años el Poder Legislativo rechazó un veto presidencial e insistió en la sancionada ley de emergencia en discapacidad que había denegado Javier Milei.
La votación resultó favorable a la ratificación de la normativa por 63 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.
La jornada se transformó así en una fecha clave, ya que el Congreso no insistía con una norma censurada desde hacía más de dos décadas. Al obtener dos tercios o más de los votos requeridos, los senadores voltearon esa herramienta de la Casa Rosada, algo que había sucedido por última vez en abril de 2003.
La ley confirmada establece la emergencia en el sector de los discapacitados hasta el 31 de diciembre de 2026 y la actualización de las prestaciones. En Diputados, se había denegado el veto de Milei el pasado 20 de agosto, con 172 votos a favor de su anulación, 73 en contra y tres abstenciones.
El nuevo día álgido para el Gobierno comenzó pasadas las 11:15, cuando la oposición logró quorum en la Cámara alta. Inmediatamente se sucedieron una serie de cuestiones de privilegio en la que los bloques antagonistas apuntaron al propio Presidente y una serie de funcionarios por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
No obstante, los legisladores decidieron -en acuerdo con el oficialismo- pasar para la semana próxima la discusión sobre una interpelación a la secretaria general Karina Milei, así como el pedido de explicaciones a varios ministros, entre ellos la de Seguridad, Patricia Bullrich; y el de Desregulación, Federico Sturzenegger. Acordaron analizarlo en la siguiente reunión de Labor Parlamentaria.
El siguiente objetivo de los legisladores en el debate de este jueves es aprobar un proyecto que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. En esta caso, apuntarán a darle media sanción a la iniciativa que propone modificar el régimen legal de los DNU, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. El dictamen, en el que confluyeron el kirchnerismo, PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques provinciales, busca limitar la herramienta que el Presidente puede usar pasar saltear al Parlamento.
La propuesta establece un plazo de 90 días corridos para la aprobación del DNU por ambas Cámaras o se considera “derogado”, y solo deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Además, el rechazo de una de ellas ya lo dejaría sin efecto.
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