Durante la última semana, el Poder Ejecutivo provincial firmó y publicó los decretos que venía reclamando la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe vinculados a nombramientos, ingresos y ascensos de personal. A esto se sumó el envío de 85 pliegos a la Legislatura, en su mayoría correspondientes a jueces, lo que generó un clima de mayor entendimiento entre ambos poderes.
El sábado pasado, horas antes de avanzar con estas medidas, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció en su cuenta de Instagram que había recibido al presidente de la Corte, Roberto Falistocco, en la delegación del gobierno en Rosario.
Asamblea Legislativa
Los pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores se debatirán en la Asamblea Legislativa prevista para el próximo 25 de septiembre.
En tanto, los decretos rubricados esta semana alcanzan a personal que ya estaba en funciones. Según los considerandos, “el personal cuya designación se efectúa en carácter de titular, ha sido propuesto por la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en base al concurso oportunamente realizado”.
Además, la Dirección General de Administración del Poder Judicial certificó que los cargos estaban vacantes y que existen partidas presupuestarias disponibles para afrontar los gastos.
Entre los decretos firmados, algunos abarcan designaciones individuales y otros colectivas. En total, se trata de 155 agentes que tenían expedientes pendientes, según lo había señalado la Corte en una acordada del 5 de agosto. Uno de los principales decretos, el N°1991, comprende 75 designaciones para las circunscripciones 2 y 3, con cabeceras en Rosario y Venado Tuerto.
Antecedentes y tensiones
El máximo tribunal provincial había advertido en agosto sobre la “relentización” de los trámites administrativos, situación que generó cortocircuitos con el Ejecutivo a lo largo del año pasado. Esa preocupación fue nuevamente planteada en la reunión del 8 de septiembre, cuando Pullaro recibió a todos los ministros de la Corte en Rosario.
En esa acordada, el tribunal exhortó al Ejecutivo –a través del Ministerio de Justicia y Seguridad– a que avanzara “de modo urgente” en la firma de los decretos necesarios para dar continuidad a los expedientes.
El documento de la Corte advertía que había más de 155 trámites demorados, algunos con una antigüedad superior a los diez meses, lo que afectaba directamente los derechos de los trabajadores judiciales en su carrera administrativa.
Con la reciente publicación de los decretos y el envío de los pliegos, la relación entre la Casa Gris y el Poder Judicial parece encaminarse hacia una etapa de mayor normalidad institucional.
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