Este martes se desarolló la segunda jornada de la audiencia imputativa contra una banda liderada por Nicolás “Pupito” Avalle, segunda línea de Los Monos preso en la cárcel federal de Ezeiza. Para los fiscales, su organización está conformada por al menos 30 personas con roles definidos, que se encargaron de realizar en el último año y medio casi cincuenta balaceras y extorsiones a instituciones, empresas y sindicatos en Rosario. Además, concretaron cinco homicidios.
En este contexto, ante el juez Nicolás Foppiani y en la sala 7 del Centro de Justicia Penal, los funcionarios del MPA desplegaron cuantiosa evidencia que vincula a los detenidos con los delitos por los cuales se los acusa. Y en la segunda jornada de audiencia, impactó la información presentada respecto al ataque contra una escuela en junio pasado, en la zona sur de Rosario: la Sylvestre Begnis, de barrio Acindar.
El fiscal que leyó la acusación fue Franco Carbone, quien explicó la trama detrás de aquella balacera que incluyó un mensaje mafioso nombrando a un líder sindical de la ciudad: “Quien hizo el encargo fue Avalle, desde la cárcel de Ezeiza. Pudimos obtener chats suyos con Carlos Olguín que estaba preso en Coronda. Y ahí se detalla la necesidad de lograr conmoción pública con la balacera. Por eso hablaban de ‘activar algo’ contra un objetivo importante. En la conversación, uno de ellos sugiere que podía ser ‘una iglesia o un supermercado grande’, algo que le garantice visibilidad”.
De acuerdo a lo que informaron los fiscales, esta comunicación fue hallada en el teléfono que se le secuestró a Olguín durante una requisa en su celda en Coronda. “El contacto agendado como ‘Trolooo’ nos dio impacto en Ezeiza, en una línea que sólo tenía como contacto agendado a Naomí Sánchez, que es la novia de Avalle”. En el marco de la investigación, se lograría también una intervención judicial a la pareja de “Pupito”, que terminaría siendo clave para el avance de la causa.
En la misma investigación, la Fiscalía encontró mensajes que daban cuenta de qué arma se usó para la balacera a la escuela y también un video en el que se registraba el ataque, que sirvió como prueba de los tiradores para cobrar el hecho a quien lo había encargado. En la grabación, que se exhibió en la audiencia, uno de los hombres avisa al otro que se agache porque le va a pegar en el lomo. Y enseguida se escucha la ráfaga de disparos.
La pregunta por “el finado” y la mención a Andrada
En los renglones de conversación que quedaron capturados, se pudo advertir también un detalle espeluznante. Quien recibe el encargo del ataque pregunta -con total naturalidad- si el pedido de la balacera incluía matar a alguien: “Con finado o sin finado”, es la simple pregunta que le hace Olguín a Avalle.
Además, en el mismo chat que el fiscal exhibió ante el juez y los imputados, se pudo ver el contenido del mismo mensaje que luego aparecería escrito en una hoja de papel en la puerta de la escuela Sylvestre Begnis había sido ‘dictado’ por Whatsapp entre el jefe de la banda y su interlocutor, que a su vez debía dar el mensaje a los tiratiros en el territorio.
En aquella balacera, el nombre aludido fue el de Marcelo “Pipi” Andrada, titular del Sindicato de Recolectores de Residuos de Rosario, al que acusaban de “narco”. Por esas horas, la misma banda estaba extorsionando al dirigente gremial, pidiéndole una suma de dinero. Y también en ese mes de junio, resultaba baleado un camión del sistema de recolección municipal, en plena tarea.
A esa balacera a la “Sylvestre Begnis” le seguiría unos días después otra, en Empalme Graneros contra la escuela Ortolani realizada por otra banda criminal, que también buscaba exposición. Y unos días después los gremios docentes convocaron a una medida de fuerza que dejó sin clases a los alumnos de todo Rosario.
Estos dos ataques eran los más impactantes de una serie que se había iniciado antes, todos realizados por bandas con sus líderes presos que utilizaron en la primera parte de 2023 a los edificios escolares como una especie de “pizarrón”: algunas veces lo hicieron para enviarse mensajes entre las organizaciones que se disputan el territorio para la venta de drogas y otras para presionar al Servicio Penitenciario, siempre con textos en papel o cartón junto a una vaina servida.
La extorsión al gremio de recolectores es además otra de las imputaciones en esta misma investigación, que logró detectar 47 hechos violentos organizados por la misma banda de “Pupito” y su gente, que para continuar con sus “apretadas” a ese sindicato terminarían inclusive baleando un camión recolector también. Ese ataque también derivó en un paro, en este caso de los afiliados que condue Andrada. Así, en junio pasado Rosario llegó a quedarse sin clases en las aulas y sin recolección de residuos, por balaceras que había ordenado Avalle desde la cárcel.
Los fiscales a cargo de la extensa acusación -además de Carbone- son Valeria Haurigot y Patricio Saldutti, que en el inicio de la audiencia el lunes habían dicho al juez Foppiani que Avalle y los otros 29 imputados conformaron una asociación ilícita que entre otras cosas había atacado a la sociedad toda, generando conmoción con sus delitos, más allá de las propias víctimas de cada balacera. Como en el desarrollo de la causa encontraron evidencia que vincula a la misma banda con otros delitos -47 en total- se sumaron fiscales que venían siguiendo esos otros casos: Gisela Paolicelli, Adrián Spelta, Gastón Avila, Alejandro Ferlazzo y Ademar Bianchini. Entre los hechos, cabe recordar, hay cinco homicidios, extorsiones a la UOCRA, más los ataques al Sindicato de la Carne, Empleados de Comercio y el Sindicato de Recibidores de Granos. Estos dos últimos fueron amedrentados con una bomba molotov en la puerta de cada institución, en un mismo día y por los mismos autores.
El miércoles a las 13 hs se realizará la última parte de la audiencia y se espera que allí el juez defina el pedido de medidas cautelares de Fiscalía. Muchos de los 30 imputados ya estaban presos al momento de realizarse los allanamientos la semana pasada, por lo que posiblemente los fiscales pidan tanto al Servicio Penitenciario provincial como al federal un endurecimiento en sus condiciones de detención.
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