La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, respaldó la suspensión de la fiscal María Verónica Ballari, aprobada este jueves por la Asamblea Legislativa, y sostuvo que la medida representa una señal clara sobre la responsabilidad que debe asumir el sistema judicial ante casos de extrema gravedad.
“Fue una de esas decisiones que la Asamblea Legislativa tomó prácticamente por unanimidad. Creo que hay un consenso en que la Justicia tiene que llegar rápido y tiene que tomar un rol de defensa muy importante”, afirmó.
La sanción fue adoptada en el marco de la investigación sobre el desempeño de la fiscal en una causa de violencia de género que terminó con el femicidio de la enfermera Ailén Ayelén Oggero, de 32 años, asesinada a balazos el 18 de febrero de 2025 en Rosario. La Asamblea Legislativa resolvió suspender a Ballari por 90 días sin goce de sueldo tras considerar que existieron demoras e irregularidades en la tramitación de una denuncia previa presentada por la víctima contra su expareja.
La Asamblea Legislativa resolvió suspender a Ballari por 90 días sin goce de sueldo tras considerar que existieron demoras e irregularidades en la tramitación de una denuncia previa presentada por la víctima contra su expareja.
Según se determinó durante el proceso, Oggero había denunciado en noviembre de 2024 a Jonathan Oscar Omill por amenazas, agresiones físicas y privación ilegítima de la libertad. De acuerdo con el expediente, el hombre había ingresado por la fuerza a la vivienda de la mujer, la había golpeado y retenido durante dos horas. Aunque se dispuso una restricción de acercamiento, la fiscalía no avanzó con una imputación ni solicitó medidas cautelares más severas.
El pedido de sanción había sido impulsado por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, encabezada por Leandro Mai, que cuestionó la falta de actuación oportuna frente a las denuncias realizadas por la víctima. Los legisladores entendieron que la inacción judicial pudo haber afectado la protección que requería Oggero en un contexto de violencia de género.
Si bien la fiscal Ballari no intervino en la investigación del homicidio, sí era la responsable de la causa previa contra Omill. Por ese motivo, se le reprochó no haber imputado al acusado ni haber solicitado medidas cautelares que pudieran reducir el riesgo que enfrentaba la víctima.
Después de conocerse la sanción, la funcionaria rechazó la medida y sostuvo que se la está responsabilizando por un femicidio cuya autoría material todavía no fue esclarecida. “Nada tiene que ver la supuesta imputación tardía con la muerte de Ailén, ya que todavía no se sabe quién ni por qué la mataron”, afirmó. Además, anticipó que va a apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se le reprochó a la fiscal Ballari no haber imputado al acusado ni haber solicitado medidas cautelares que pudieran reducir el riesgo que enfrentaba la víctima.
La investigación por el crimen continúa a cargo de la fiscal Andrea Vega, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Actualmente se trabajan distintas hipótesis sobre el asesinato, entre ellas una posible participación intelectual de la expareja de la víctima y otra vinculada a conflictos relacionados con organizaciones criminales. Hasta el momento no hay imputaciones por el homicidio.
“Creo que la Legislatura tomó una decisión de suspensión que es ejemplar”, remarcó García. La dirigente socialista recordó además que la jornada legislativa incluyó la designación de jueces y fiscales con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la Justicia santafesina.
Consultada sobre si la medida puede marcar un punto de inflexión en el tratamiento de los casos de violencia de género, García señaló que existen antecedentes de suspensiones similares, aunque remarcó la necesidad de seguir avanzando en transparencia y cercanía con las víctimas.
“Siempre tratando de aumentar la transparencia, la calidad del trabajo de la Justicia, la apertura a las víctimas y la capacidad que tiene el juzgar para formar un antecedente social y evitar que vuelvan a repetirse esas cuestiones”, expresó. En ese sentido, advirtió que todavía existen situaciones en las que las denuncias realizadas por mujeres no reciben la atención adecuada e ideal.
El paquete de leyes de seguridad, bajo análisis legislativo
Por otra parte, García se refirió al paquete de 11 proyectos de ley enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro para reforzar el sistema de seguridad y justicia provincial. La presidenta de Diputados consideró que las iniciativas forman parte de una continuidad del proceso de reformas iniciado al comienzo de la actual gestión.
“Nosotros iniciamos esta legislatura con un gran paquete de leyes de seguridad y justicia que fueron muy eficientes y permitieron al gobierno de Maximiliano Pullaro, con la ley en la mano, frenar el delito”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que las nuevas propuestas todavía tienen que atravesar el debate parlamentario correspondiente. “Tenemos que mirarlas en detalle. No ha comenzado el debate parlamentario. Siempre hay posibilidad de reconsiderar con la práctica alguna legislación que puede mejorarse”, señaló.
El rol de la Policía y el equilibrio institucional
Respecto de las críticas y los cuestionamientos que surgieron en torno a algunas de las facultades que podrían otorgarse a las fuerzas de seguridad, García destacó la importancia de seguir manteniendo el equilibrio entre los distintos actores que son parte del sistema penal. “Creo que tenemos un sistema muy equilibrado, con fiscales que acusan, defensores que defienden y una Policía que es auxiliar de la Justicia”, explicó.
Asimismo, recordó que la reciente reforma constitucional santafesina otorgó rango constitucional tanto al Ministerio Público de la Acusación como al Servicio Público de la Defensa, reforzando el esquema de controles institucionales. “Es como una mesa con varias patas. Ese equilibrio creo que hay que sostenerlo”, concluyó.
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