El proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad Pública, impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, no logró avanzar este jueves en la Cámara de Diputados de Santa Fe y su tratamiento fue postergado por una semana. Las diferencias dentro del oficialismo trabaron las negociaciones y evitaron que la iniciativa consiguiera dictamen para avanzar hacia una primera aprobación legislativa.
La sesión comenzó cerca de las 16, después de una jornada atravesada por discusiones y negociaciones entre los distintos sectores políticos. Sin embargo, el debate ingresó rápidamente en un cuarto intermedio y finalmente se resolvió aplazar el tratamiento del proyecto.
La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo en mayo y contaba con preferencia para ser tratada durante la sesión de este jueves. El objetivo del Gobierno provincial es introducir cambios en distintas normas vinculadas con la investigación penal, las atribuciones de las fuerzas policiales y del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y el funcionamiento del sistema penitenciario.
El oficialismo no consiguió reunir los acuerdos necesarios para destrabar algunos de los puntos más discutidos de la reforma, en un escenario en el que las diferencias internas volvieron a quedar expuestas.
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Qué propone la reforma de seguridad de Pullaro
El paquete legislativo contempla una serie de modificaciones que buscan ampliar las herramientas disponibles para la prevención y persecución del delito. Entre sus principales ejes aparecen la restitución de la declaración informativa en las primeras etapas de una investigación, la posibilidad de que la Policía realice interrogatorios iniciales y cambios en las condiciones para que un imputado pueda prestar declaración.
También propone habilitar los juicios en rebeldía cuando una persona imputada no se presente pese a haber sido notificada, incorporar excepciones a las reglas de exclusión de pruebas y ampliar los supuestos en los que se pueden realizar allanamientos sin orden judicial previa.
Otro de los puntos contempla la posibilidad de que fiscales ordenen el derribo o la inactivación de inmuebles vinculados con el microtráfico y otros delitos, bajo determinadas circunstancias. A eso se suman nuevas medidas coercitivas, la creación de un procedimiento por decreto para contravenciones y delitos de menor impacto y la implementación de zonas de intervención policial especial.
En materia penitenciaria, el proyecto establece condiciones más restrictivas para personas privadas de su libertad que continúen organizando delitos desde las cárceles. Además, incorpora herramientas de inteligencia digital y electrónica y amplía las posibilidades del Ejecutivo para ofrecer recompensas vinculadas con la seguridad pública.
Las objeciones que atravesaron el debate
La discusión legislativa estuvo precedida por distintas instancias de consulta y cuestionamientos de actores del sistema judicial y jurídico. Entre quienes participaron de los intercambios estuvieron la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el MPA, el Ministerio Público de la Defensa (MPD), los colegios de abogados de Rosario y Santa Fe, asociaciones de especialistas en derecho penal y organizaciones civiles.
Las observaciones sobre el alcance de las modificaciones y sus implicancias jurídicas formaron parte de una discusión que el oficialismo no consiguió cerrar antes de la sesión.
Con el tratamiento ahora aplazado por una semana, el Gobierno provincial deberá retomar las negociaciones para conseguir los consensos necesarios y avanzar con una de las principales reformas legislativas que Pullaro planteó como parte de su estrategia para combatir el delito en Santa Fe.
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