El Gobierno nacional puso en marcha de manera formal la elaboración del Presupuesto 2027 al enviar al Congreso el informe de avance obligatorio, en el que ratificó sus principales objetivos económicos: consolidar la baja de la inflación, sostener el superávit fiscal y avanzar con una nueva reducción de impuestos.
El documento fue firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y expone el estado de situación del proceso presupuestario. Sin embargo, no incluye estimaciones oficiales sobre inflación, tipo de cambio, comercio exterior, consumo, inversiones, partidas ministeriales, empresas públicas ni otros organismos del Estado. El proyecto definitivo será enviado al Congreso antes del 15 de septiembre, tal como establece la ley.
Qué prevé el Gobierno para la inflación y la política tributaria
En materia de inflación, el Ejecutivo evitó fijar una proyección puntual para 2027, aunque manifestó su expectativa de lograr “una desaceleración significativa de la inflación”, lo que permitiría fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares.
En cuanto a la recaudación, el informe proyecta un leve incremento real anual durante el período 2027-2029, impulsado principalmente por la mejora de la actividad económica y el crecimiento de las exportaciones.
Además, el Gobierno reiteró su decisión de continuar reduciendo la carga impositiva, con el objetivo de devolver recursos al sector privado y mejorar la competitividad del sector exportador, en línea con los pilares de su programa económico basado en la estabilidad macroeconómica y la eliminación de obstáculos para la actividad privada.
El documento también anticipa una mejora de distintos indicadores sociales en el mediano plazo, como una disminución de la tasa de desempleo, una reducción de los niveles de pobreza e indigencia y avances en la distribución del ingreso, medida a través del coeficiente de Gini.
La confección del Presupuesto 2027 y del Presupuesto Plurianual 2027-2029 quedó bajo la responsabilidad del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), organismo que depende de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía.
Según el informe, el GAEP ya completó diez actividades previstas en el cronograma oficial, entre ellas la definición de los criterios para priorizar proyectos de inversión y la elaboración de las proyecciones de las principales variables económicas.
Cayó la cantidad de proyectos de obra pública
Uno de los datos destacados del informe es la disminución de las iniciativas presentadas para obra pública.
El Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) recibió solicitudes para 1.765 proyectos destinados al período 2027-2029, por un monto total de 10,2 billones de pesos.
La cifra representa una baja respecto de los 2.014 proyectos solicitados para 2026 y de los 4.496 registrados para 2025. Para el Gobierno, esta reducción refleja una “mayor razonabilidad” en la demanda de inversiones públicas.
El informe también repasó la ejecución presupuestaria correspondiente a los primeros cinco meses de 2026.
En ese período, la Administración Pública Nacional registró un resultado primario superavitario de $8.425.328,7 millones, equivalente al 0,7% del PBI, mientras que el resultado financiero fue positivo en $2.660.474,5 millones.
Hasta mayo, los recursos totales ascendieron a $59.023.974,8 millones, lo que representa el 40,1% de lo previsto para todo el año. En paralelo, los gastos alcanzaron $56.363.500,2 millones, con un nivel de ejecución del 39,2% y un incremento del 28% respecto al mismo período de 2025.
Dentro del gasto público, el rubro de prestaciones de la Seguridad Social fue el de mayor peso, con una ejecución de $26.483.163 millones.
La siguiente etapa del proceso será la elaboración de los anteproyectos de presupuesto por parte de los distintos organismos del Estado, que deberán ajustarse a los límites financieros que establecerá la Secretaría de Hacienda.
Una vez completada esa instancia, el Gobierno enviará el proyecto definitivo del Presupuesto 2027 al Congreso antes del 15 de septiembre, para iniciar su tratamiento legislativo.
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