El Gobierno nacional evalúa extender por un día el período de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación con el objetivo de aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo, fecha en la que se realiza la Apertura de Sesiones Ordinarias. La posibilidad surge ante las dificultades para cumplir con los plazos legislativos actuales, atravesados por el fin de semana largo de Carnaval y las limitaciones que impone el reglamento parlamentario.
Según confirmaron dos integrantes de la mesa política del oficialismo, la propuesta que se analiza es postergar el cierre de las sesiones extraordinarias del 27 al 28 de febrero. De concretarse, el cambio se formalizaría mediante un decreto del Poder Ejecutivo, que puede resolverse sin inconvenientes durante la próxima semana.
“Es muy probable que se pueda dar. Depende de lo que pase en el Senado”, admitió un altísimo integrante del círculo presidencial. En la misma línea, otra fuente oficial señaló: “Lo propusimos y estamos esperando respuesta. Hacemos números para ver si llegamos. Es un escenario probable”.
La urgencia del oficialismo responde a un calendario ajustado y a los obstáculos que plantea el feriado de Carnaval, que mantendrá cerrado el Congreso los lunes 16 y martes 17 de febrero. Esa situación complica la logística parlamentaria, ya que muchos legisladores tienen previsto viajar a sus provincias para aprovechar el fin de semana largo.
Desde el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados explicaron que el escenario ideal sería lograr dictamen el viernes 13 de febrero, aunque reconocen que se trata de una posibilidad prácticamente descartada. El reglamento impone un plazo obligatorio de 48 horas para girar una media sanción de una cámara a la otra, lo que dificulta el cronograma.
“Los senadores terminan de sesionar el miércoles y se van a ir a casa. Los diputados lo van a hacer el jueves y van a tener más prisa para irse”, reflexionó un coordinador del bloque libertario, quien admitió que estas dificultades fueron advertidas cuando ya estaba vigente el decreto presidencial que fijó las extraordinarias del 2 al 27 de febrero.
El problema central aparece el 18 de febrero. El reglamento de la Cámara establece que no se pueden emitir dictámenes dentro de los diez días previos al cierre del período de sesiones. Con la fecha original del 27, ese límite deja al oficialismo sin margen para avanzar. “Estuvimos muy verdes”, admitieron con ironía desde un despacho clave del Gobierno.
A diferencia de otros intentos fallidos, como el que se analizó en diciembre pasado durante el tratamiento del Presupuesto 2026, esta vez el escenario es distinto. En aquella oportunidad, la idea de extender las extraordinarias naufragó ante la resistencia de legisladores y funcionarios, que no estaban dispuestos a resignar el receso. Ahora, el planteo es más acotado: se trata de un solo día y con un objetivo concreto.
La reforma laboral es uno de los proyectos centrales de la agenda de Javier Milei y viene siendo discutida desde hace casi un año con equipos técnicos. En estas semanas transita sus últimos debates, con la intención del oficialismo de que el texto que se apruebe en el Senado sea convalidado sin cambios en Diputados, evitando así un nuevo ida y vuelta legislativo.
La presión por cerrar este capítulo también se explica por la sobrecarga del temario impulsado por el Ejecutivo. Cuando el Presidente convocó a sesiones extraordinarias, el paquete incluía la reforma laboral, la nueva Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur–Unión Europea. Luego, a raíz de casos de inseguridad que involucraron a menores, se sumó por decreto el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.
En paralelo, en los últimos días se especuló con la posible inclusión del acuerdo comercial con los Estados Unidos en la agenda legislativa. Si bien todo indica que no será incorporado, en la Casa Rosada sostienen que los proyectos que requieren tratamiento parlamentario deben avanzar con rapidez para quedar plenamente vigentes.
Algunos de los temas previstos no avanzaron como se esperaba. El Gobierno decidió postergar el tratamiento de la nueva Ley de Glaciares, que beneficiaría a la industria minera. “La patearon para más adelante porque no tienen los votos para aprobarla”, aseguró una fuente cercana a uno de los gobernadores cuyanos que respaldan la iniciativa. Desde el Ejecutivo, en cambio, sostienen que cuentan con los apoyos necesarios, pero explican la demora por “una cuestión de tiempos”.
Distinto fue el recorrido del Régimen Penal Juvenil. El oficialismo logró un acuerdo con sectores de la oposición y convocó a sesión para el jueves de la próxima semana en la Cámara de Diputados. El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y tendrá dictamen el miércoles, durante un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto.
El despacho que había sido aprobado el año pasado perdió estado parlamentario, por lo que el trámite formal debe reiniciarse. Sin embargo, fuentes al tanto de las negociaciones aseguraron que “se respetarán los consensos” alcanzados anteriormente.
Mientras tanto, la definición sobre la posible extensión de las sesiones extraordinarias aparece como una pieza clave en la estrategia del Gobierno para llegar al 1° de marzo con una de sus reformas estructurales ya sancionada y evitar que el debate se diluya en el inicio del período ordinario.
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