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Argentina

El Gobierno apelará el fallo que anuló el protocolo antipiquetes

La ministra de Seguridad confirmó que el Ejecutivo recurrirá la decisión del juez Martín Cormick que suspendió el protocolo para controlar cortes y movilizaciones, y aseguró que el Gobierno no dará marcha atrás en su política de orden público.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno nacional apelará el fallo judicial que declaró nulo el denominado protocolo antipiquetes, una medida impulsada originalmente por su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich.

Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, expresó la funcionaria a través de su cuenta de X.

En ese sentido, Monteoliva fue categórica al asegurar que el Ejecutivo no retrocederá: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”.

“Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, remarcó la ministra.

Por su parte, Patricia Bullrich también se refirió a la decisión judicial y cuestionó con dureza al magistrado que dictó el fallo. “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre falla contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, sostuvo.

La actual senadora nacional agregó que “los perjudicados son siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y concluyó con un mensaje contundente: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

El fallo judicial se conoció este lunes y fue dictado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, quien resolvió frenar la vigencia del protocolo para contener las movilizaciones sociales y los cortes de calle, tras un reclamo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

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