El Gobierno nacional oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de los servicios de rampa en 16 aeropuertos del país. La medida fue formalizada mediante la Resolución 282/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La iniciativa fija un precio base de US$45.120.000 para la venta del 100% del paquete accionario, que comprende 3.050.000 acciones ordinarias representativas de la totalidad del capital social de la firma. La operación se enmarca en la Ley 27.742, que habilita la transferencia de empresas públicas al sector privado.
A diferencia de otros procesos, la privatización no contempla la participación estatal residual ni programas de propiedad participada para los empleados, por lo que la empresa pasará completamente a manos privadas.
El procedimiento se desarrollará bajo un esquema de “Etapa Múltiple”, con el objetivo de garantizar transparencia y atraer a operadores con experiencia en el sector aeroportuario. El valor base de la licitación fue determinado a partir de una tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior.
Fechas clave del proceso
La licitación se llevará adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR y tendrá el siguiente cronograma:
- Consultas al pliego: hasta el 27 de abril de 2026 a las 16
- Presentación de ofertas: hasta el 7 de mayo de 2026 a las 9.30
- Apertura de sobres (Etapa 1): 7 de mayo a las 10, de manera automática
Exigencias para los oferentes
El pliego establece estrictos requisitos financieros para garantizar la viabilidad de la operación. Entre ellos, se destacan:
- Índices mínimos de solvencia y liquidez (no inferiores a 1,20)
- Limitaciones en la capacidad de pago según activos y pasivos
- Acreditación de un fondo de garantía operativa superior a $29.213 millones, destinado a sostener el funcionamiento durante los primeros tres meses de gestión
Condiciones y restricciones
Para asegurar la continuidad del servicio, el futuro adjudicatario deberá mantener las operaciones en las 16 escalas actuales durante al menos 180 días hábiles. Además, en caso de decidir retirarse de algún aeropuerto, deberá notificar con 60 días de anticipación a la Secretaría de Transporte y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El Gobierno también estableció restricciones para evitar la integración vertical, por lo que no podrán participar empresas que ya controlen concesiones aeroportuarias o cuenten con certificados de explotador de trabajo aéreo en el país.
La supervisión del proceso estará a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, junto con la Secretaría de Transporte, mientras que una comisión evaluadora ad hoc analizará las ofertas y antecedentes de los postulantes.
Finalmente, el llamado a licitación será difundido tanto en el Boletín Oficial como en el portal DGMARKET del Banco Mundial, con el objetivo de atraer a operadores logísticos internacionales interesados en el negocio aeroportuario argentino.
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