
Foto: Farid Dumat Kelzi
El Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, impulsa una reforma profunda del Sistema de Inteligencia Nacional que busca modificar el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La iniciativa se apoya en los lineamientos del Decreto 614/24 y propone cambios estructurales a la Ley 25.520, con el objetivo de modernizar el sistema, clarificar competencias y fortalecer los controles sobre la actividad de inteligencia.
Según la información oficial, la reforma apunta a dejar explícito que la inteligencia no cumple funciones policiales ni judiciales, sino que se limita a producir información estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. En ese marco, se busca otorgar mayor respaldo legal al personal del área.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de una Comunidad de Inteligencia, un ámbito de integración permanente bajo la conducción de la SIDE que permitirá compartir información entre los distintos organismos especializados del Estado. La medida busca evitar superposiciones y duplicaciones, e incorporar saberes sectoriales, económicos, sanitarios, tecnológicos o climáticos, al análisis estratégico nacional.
En paralelo, se conformará una Comunidad Informativa, integrada por organismos estatales que aportarán datos relevantes sin producir inteligencia en sentido estricto.

La reforma también introduce una separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La protección de redes y sistemas quedará bajo la órbita del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ciberinteligencia se enfocará en la obtención de conocimiento estratégico desde el ciberespacio.
En materia de seguridad y defensa, el proyecto redefine el rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que se concentrará exclusivamente en tareas de contrainteligencia con carácter preventivo, orientadas a detectar espionaje, sabotaje e injerencias extranjeras, sin superponerse con las fuerzas policiales.
Por último, la iniciativa prevé un refuerzo de los controles internos. La actual División de Asuntos Internos pasará a denominarse Inspectoría General de Inteligencia y contará con mayores atribuciones para auditorías, investigaciones y control de legalidad y uso del presupuesto. Desde el Gobierno aseguran que el objetivo final es modernizar, legitimar y transparentar el sistema de inteligencia frente a las amenazas contemporáneas.
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