El Ejecutivo nacional comenzó a diseñar una nueva reglamentación sobre el trabajo de personas privadas de libertad, con el objetivo de modificar el régimen vigente en las cárceles federales y dejar sin efecto la aplicación de beneficios laborales propios de un empleo formal, tales como el aguinaldo, las vacaciones pagas y la jornada completa, informaron fuentes oficiales.
La iniciativa se apoya en un punto incorporado en la reciente ley de modernización laboral aprobada por el Congreso, que establece que “las disposiciones de esta ley no serán aplicables a las personas privadas de libertad en contexto de encierro”, buscando así cerrar interpretaciones judiciales que hasta ahora obligaban al Estado a reconocer derechos laborales similares a los de cualquier trabajador libre.
Desde el Gobierno sostienen que esta modificación pretende redefinir el marco legal para diferenciar el trabajo carcelario del empleo privado, manteniendo una forma de remuneración pero desligándola de los beneficios tradicionales, y sosteniendo que el trabajo dentro de las unidades debe contribuir a la función resocializadora sin equipararse al empleo en libertad.
La polémica en torno al tema viene de años atrás, ya que diversos fallos judiciales habían sostenido que los internos que realizan tareas productivas debían recibir un trato equiparable al del empleo libre, incluyendo remuneración y condiciones similares a las de trabajadores formales, algo que generó debates entre sectores judiciales, políticos y de derechos humanos.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca terminar con esas interpretaciones y avanzar hacia un régimen específico que distinga claramente los derechos y obligaciones laborales dentro del encierro del resto de la legislación laboral común.
El debate sigue abierto en el ámbito político y social, en un contexto en el que la modificación de las normas laborales ha sido objeto de fuertes críticas y recursos judiciales por parte de sindicatos y centrales obreras.
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