El Gobierno nacional convocó este miércoles a las 12.30 a la empresa Fate y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) a una audiencia de conciliación, en un intento por acercar posiciones luego del anuncio de cierre definitivo de la fábrica y el despido de 920 empleados.
La reunión fue impulsada por la Secretaría de Trabajo, en un contexto de máxima tensión en la planta ubicada en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando. Desde que se conoció la decisión empresaria, los trabajadores se mantienen en estado de protesta tanto dentro del predio como en los accesos, con presencia policial y un grupo de empleados que permanecen en el techo del establecimiento como medida de reclamo.
El cierre fue comunicado oficialmente por la compañía a través de un comunicado en el que informó que “a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes”, justificando la decisión en “los cambios en las condiciones de mercado”. Fate, con más de 80 años de trayectoria, destacó su perfil exportador y su rol histórico en el desarrollo industrial del país, al recordar que fue la primera firma en abastecer neumáticos radiales a la industria automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte pesado, con presencia en mercados de Europa, Estados Unidos y América Latina.
Un conflicto que se arrastra desde hace años
La crisis de la empresa no es nueva. Según reconoció la propia Fate, los problemas comenzaron en 2019, cuando redujo su plantel en 450 puestos de trabajo. Situaciones similares se repitieron en 2021 y 2022. En julio de 2024, ya bajo la gestión de Javier Milei, la firma solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), tras una abrupta caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación luego del conflicto gremial de 2022.
En ese momento, la empresa advirtió que la falta de competitividad en los costos y una caída de la demanda interna del 30% provocaron nuevas pérdidas desde fines de 2023. Además, informó que en la primera mitad de 2024 acumuló pérdidas por más de 30 millones de dólares, lo que derivó en una reestructuración de sus operaciones productivas.
En mayo de ese año, Fate anunció cerca de 200 despidos y enumeró una serie de factores que, según la compañía, afectaron su viabilidad: elevada carga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos importados, deficiente infraestructura, sobrecostos laborales, baja productividad, ausentismo y alta conflictividad sindical.
Escalada sindical y judicialización
El conflicto escaló tras el anuncio de cierre. La Policía Bonaerense informó que el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, junto a otros 14 empleados, ingresaron al predio tras cortar el alambrado perimetral, lo que fue interpretado como un intento de toma de la planta. El fiscal Marcelo Fuenzalida dispuso la identificación de los involucrados por el delito de turbación de la propiedad y, en un primer momento, Crespo fue detenido.
Desde el gremio denunciaron que el cierre es “totalmente ilegal” y sostuvieron que la empresa no cumplió con los procedimientos correspondientes. En declaraciones públicas, Crespo apuntó contra la compañía y el Gobierno, reclamando una intervención directa para destrabar el conflicto, y advirtió sobre el impacto social de la medida. También señaló que los trabajadores llevan 14 meses sin aumento salarial y negó que los reclamos gremiales sean la causa de la crisis, que atribuyó a la importación de neumáticos y al esquema cambiario.
Por su parte, el delegado gremial Miguel Ricciardulli advirtió que la situación productiva venía siendo “preocupante” en los últimos meses y remarcó que la mayoría de los empleados afectados tienen alrededor de 45 años y más de dos décadas de antigüedad en la empresa.
La audiencia de conciliación aparece ahora como una instancia clave para definir si existe margen para una salida negociada o si el conflicto se encamina a una profundización con impacto social y político.
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