El Gobierno de la Provincia de Santa Fe implementó durante 2025 el sistema de juicio por jurados establecido por la ley Nº 14.253, que habilita la participación ciudadana en causas de especial gravedad, como homicidio calificado, robo seguido de muerte, abuso sexual seguido de muerte y enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes. La puesta en marcha de este mecanismo significó un avance sustancial hacia un modelo de justicia más participativo y transparente.
El primer juicio por jurados se llevó a cabo en junio en los Tribunales de San Cristóbal, pertenecientes a la Circunscripción Judicial Nº 5. El proceso abordó un caso de homicidio calificado y tentativa de femicidio, con la intervención de 12 jurados titulares y dos suplentes, todos ciudadanos seleccionados por sorteo a partir del padrón electoral.
Al evaluar la experiencia, el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, destacó que “este año, a partir de una iniciativa parlamentaria y luego de un largo camino institucional, se logró implementar el juicio por jurados para delitos graves, algo que no había sido posible hasta ahora en la provincia”. Además, subrayó una particularidad del modelo santafesino: “Se adoptó un criterio distinto al de otras provincias, ya que el veredicto de culpabilidad requiere diez votos sobre doce, sin exigir unanimidad, lo que reduce el riesgo de que el juicio fracase por falta de acuerdo”.
Hasta el momento, se realizaron cuatro juicios en tres jurisdicciones distintas. “Comenzamos en la Circunscripción Nº 5, con un juicio en San Cristóbal; continuamos en la ciudad de Santa Fe, por un homicidio calificado en ocasión de robo; luego en San Javier, por el homicidio de una jubilada; y el último fue en Reconquista, por un caso de femicidio”, precisó Mascheroni. Para completar el esquema previsto, resta que la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fije las audiencias correspondientes a la tercera circunscripción, Venado Tuerto, y a la segunda, Rosario.
Trabajo articulado entre poderes del Estado
La implementación del sistema de juicio por jurados demandó un intenso trabajo preparatorio y de coordinación entre distintos organismos del Estado. En ese proceso participaron la Secretaría Electoral y el Poder Judicial, entre otros actores, con el objetivo de definir los criterios de conformación del padrón inicial, conocido como “nube”, del cual se sortean los jurados para cada proceso.
Dicho padrón está integrado por hombres y mujeres en condiciones de paridad, respetando la proporcionalidad del padrón electoral de cada una de las cinco circunscripciones judiciales. Incluye a personas de entre 18 y 75 años que no sean abogados ni profesionales del derecho, que no registren deudas alimentarias, condenas penales ni situaciones de quiebra, y que no integren fuerzas de seguridad, fuerzas armadas ni cargos jerárquicos del Estado en ninguno de los tres poderes.
Mascheroni recordó que la ley delimita de manera precisa las figuras penales alcanzadas por este sistema. “Son solo cuatro delitos, los más graves. En el futuro podrá discutirse una eventual ampliación, como ocurrió en otras provincias, pero hoy la prioridad es consolidar la experiencia y mejorar su funcionamiento”, señaló.
Agenda de reformas judiciales
El secretario de Justicia también se refirió a los desafíos pendientes del sistema judicial provincial. “Aún resta avanzar en la discusión de un nuevo código penal, más moderno, que incorpore experiencias de otras jurisdicciones y permita un trámite más ágil de los procesos, superando un esquema que sigue siendo predominantemente escriturario”, afirmó.
En ese contexto, destacó los avances logrados en materia de mediación, digitalización y, especialmente, en la problemática de la litigiosidad laboral. Recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro asumió un compromiso público para abordar esta cuestión y que recientemente se firmó un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Ese acuerdo permitirá la designación de peritos médicos judiciales y la puesta en marcha definitiva del observatorio de comisiones médicas, con el objetivo de reducir la conflictividad vinculada a accidentes de trabajo y enfermedades laborales. “Están dadas las condiciones para comenzar a abordar este problema de manera estructural, con herramientas institucionales y reformas legislativas en curso”, concluyó Mascheroni.
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