El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, confirmaron este lunes que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de reforma integral del Código Penal, una de las iniciativas incluidas en las reformas de “segundo orden” impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Ambos funcionarios aseguraron que la propuesta “pondrá orden donde antes reinaba la barbarie”, al buscar un cambio de doctrina que endurezca las penas, acelere la respuesta judicial y ponga fin a la conocida “puerta giratoria”.
En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni destacó “el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden” y sostuvo que, al asumir, “la Argentina estaba sumida en un baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas”.
Los ejes de la reforma
Bullrich adelantó que el nuevo Código Penal apunta a “dar vuelta la realidad de quiénes eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos”, y pretende garantizar que la Justicia actúe con mayor celeridad y que las penas se cumplan de manera efectiva.
Entre los puntos centrales del proyecto, la ministra detalló:
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Agravamiento general de penas.
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Incorporación de la figura de conducción imprudente, un reclamo histórico de Madres del Dolor.
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Tipificación del abuso de armas.
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Reformulación del concepto de legítima defensa, donde “la presunción estará siempre a favor de quien se defiende”.
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Mayor protección a sectores vulnerables, como estudiantes, docentes y adultos mayores.
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Intervención activa de las víctimas durante todo el proceso penal.
Según Bullrich, con los cambios previstos “el 82% de los delitos van a tener prisión efectiva”.
Sistema ALERTAR: el nuevo mecanismo de avisos masivos
Además del anuncio judicial, Adorni y Bullrich presentaron el Sistema de Alerta Temprana (ALERTAR), una herramienta que enviará mensajes en tiempo real a la población ante desastres naturales, emergencias meteorológicas o advertencias de seguridad pública.
El sistema —que demandó 12.000 millones de pesos del Fondo de Servicio Universal— permitirá notificar simultáneamente a todos los teléfonos móviles ubicados en las zonas afectadas, garantizando privacidad, anonimato y cobertura inmediata, según explicó el Gobierno en un comunicado.
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