El Gobierno nacional impulsará una nueva Ley de Financiamiento Universitario que será enviada al Congreso y podría tratarse en el marco de las sesiones extraordinarias, cuyo plazo se extenderá hasta el 28 de febrero. La decisión se formalizará mediante un decreto que se firmará en las próximas horas y se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial.
La medida surge en medio del conflicto presupuestario con las universidades públicas y pocos días después de que el Ejecutivo apelara una medida cautelar que lo obliga a aplicar la norma actual, que establece la actualización de salarios docentes y de las partidas presupuestarias destinadas a las casas de altos estudios.
Qué propone la nueva ley y por qué se impulsa ahora
Según trascendió, el proyecto no busca derogar el esquema vigente sino modificarlo. El objetivo oficial es compatibilizar el reclamo universitario con lo que desde la Casa Rosada definen como necesidad de “garantizar viabilidad fiscal”.
En los últimos días, funcionarios del presidente Javier Milei iniciaron negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una reforma consensuada. Desde el Ejecutivo sostienen que la intención es ofrecer previsibilidad en materia fiscal, mientras que el sector universitario exige garantías jurídicas y mayores recursos.
Los docentes y no docentes vienen reclamando una recomposición salarial y un aumento del presupuesto universitario, en un contexto de fuerte tensión financiera en las instituciones públicas.
El camino legislativo y la estrategia oficial
La nueva ley sería incorporada al temario de las extraordinarias por decreto, aunque el reglamento de la Cámara de Diputados establece que debe votarse en el recinto. En paralelo, el decreto también formalizará la extensión del período de sesiones hasta el 28 de febrero.
La movida oficial se da tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado y la media sanción en Diputados de la ley penal juvenil, además del visto bueno al acuerdo del Mercosur. En ese escenario, el Ejecutivo apuesta a construir el consenso político necesario para avanzar con la nueva normativa universitaria.
La estrategia apunta a resolver dos frentes en simultáneo: por un lado, ordenar la discusión presupuestaria y, por otro, desactivar los conflictos legales y judiciales abiertos en torno a la aplicación de la ley vigente, evitando eventuales sanciones.
En ese marco, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del CIN para ajustar los detalles técnicos del proyecto.
Cabe recordar que la actual Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en 2024 por ambas cámaras, vetada posteriormente por el presidente Milei y luego ratificada por el Congreso. Es esa norma la que ahora el Gobierno pretende reemplazar por un nuevo esquema, en busca de un equilibrio entre las demandas del sistema universitario y las metas fiscales oficiales.
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