El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para crear una nueva Ley General de Sociedades, una iniciativa que busca reemplazar la Ley 19.550, vigente desde 1972, con el objetivo de adecuar el régimen societario argentino a las necesidades económicas, tecnológicas y empresariales del siglo XXI.
La propuesta ingresó por el Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma apunta a construir un sistema “más simple, flexible, previsible y moderno”, promoviendo la libertad de organización de los particulares sin descuidar la protección de socios, acreedores y terceros.
Uno de los cambios más importantes es la redefinición del concepto de sociedad. El proyecto plantea que las empresas ya no estarán limitadas únicamente a la producción o intercambio de bienes y servicios, sino que podrán desarrollar cualquier actividad lícita destinada a generar beneficios para sus integrantes.
La iniciativa también amplía la posibilidad de constituir sociedades unipersonales, una herramienta que el Gobierno considera clave para pequeños emprendimientos, vehículos de inversión, grupos económicos y empresas extranjeras que operen en el país.
Otro de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento de la autonomía de los socios para definir las reglas internas de funcionamiento de las compañías, reduciendo la intervención estatal en aquellos casos donde no resulte necesaria.
Además, el proyecto impulsa una profunda simplificación registral y administrativa. Entre otras medidas, contempla la utilización de firmas digitales y electrónicas, la digitalización de los registros públicos, la creación de legajos societarios digitales y la agilización de los trámites de inscripción.
La propuesta también flexibiliza el régimen de capital social. Según el texto, se permitirá estructurar aportes en distintas monedas e instrumentos admitidos por la legislación vigente, dejando atrás conceptos que el Gobierno considera obsoletos respecto de la función tradicional del capital como garantía frente a terceros.
En materia tecnológica, la reforma incorpora herramientas vinculadas a la economía digital, como contratos inteligentes, registros distribuidos, tokens, inteligencia artificial y reuniones remotas.
Entre las novedades aparece la figura de la “Sociedad Automatizada”, definida como aquella que desarrolla su actividad mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial sin necesidad de trabajadores para su funcionamiento ordinario. El proyecto establece que estas sociedades responderán con su patrimonio por los daños que puedan ocasionar sus sistemas.
Asimismo, se incorpora la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), inspirada en modelos de gobernanza digital descentralizada que ya funcionan en distintos mercados internacionales.
El texto también busca fomentar el financiamiento de startups y empresas tecnológicas mediante el reconocimiento de instrumentos convertibles, opciones de suscripción y otros mecanismos de inversión utilizados en ecosistemas emprendedores.
Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa forma parte del proceso de desregulación económica impulsado por la administración nacional. En ese sentido, el ministro Federico Sturzenegger afirmó que el proyecto se suma al conjunto de reformas destinadas a consolidar el crecimiento económico y modernizar el marco normativo para la actividad privada en Argentina.
Ahora, la propuesta deberá iniciar su recorrido legislativo en el Congreso, donde se debatirá una de las reformas más ambiciosas del derecho societario argentino de las últimas décadas.
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