El Gobierno del Reino Unido rechazó las medidas impulsadas por la Argentina contra empresas e individuos que operan en las Islas Malvinas y calificó esas acciones como “inaceptables” y sin justificación legal. La posición fue expresada este jueves por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.
El pronunciamiento se produjo después de que la Argentina avanzara durante las últimas semanas con medidas contra compañías y personas que suministran bienes y servicios a las islas, tanto de manera directa como indirecta, incluidas firmas relacionadas con la explotación de hidrocarburos. El Gobierno argentino también impulsó un proyecto para ampliar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en el área sin autorización argentina.
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En su comunicado, Londres reafirmó su posición sobre la soberanía del archipiélago y sostuvo que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales. “Las Islas Falkland son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente. Esto es una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, señaló el Gobierno británico.
Además, el Reino Unido ratificó su respaldo a las compañías alcanzadas por las acciones argentinas. “El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas e individuos. Tienen todo nuestro apoyo”, afirmó Kumaran. El Gobierno británico también recordó que, según su postura, no es la primera ocasión en que una administración argentina adopta medidas económicas contra quienes mantienen vínculos comerciales con las islas.
En ese sentido, Londres sostuvo que la economía del archipiélago continúa desarrollándose pese a las medidas adoptadas desde la Argentina. “La economía de las Islas Falkland sigue prosperando”, expresó el comunicado oficial.
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El cuestionamiento a los mecanismos internacionales
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue el cuestionamiento británico a la utilización de mecanismos internacionales contra empresas e individuos que mantienen actividades comerciales con las islas.
“El Reino Unido está alineado con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra personas por hacer negocios con las Falkland es ilegítimo”, sostuvo el Gobierno británico.
Londres concluyó que las acusaciones contra compañías y particulares “son inaceptables y no tienen justificación legal” y aseguró que continuará trabajando junto al Gobierno de las Islas Malvinas para proteger sus intereses y promover nuevas oportunidades de inversión.
La respuesta argentina
El cruce se produjo luego de que el Gobierno de Javier Milei profundizara sus medidas contra proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en torno a las islas. La Argentina sostiene que las actividades desarrolladas sin autorización nacional son contrarias a su legislación y a las normas internacionales que, según su interpretación, rigen la disputa de soberanía.
En particular, el Gobierno argentino apuntó contra el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La Cancillería argentina sostiene que ambas compañías operan sin permisos otorgados por las autoridades nacionales y ha señalado que aplicará las normas argentinas a empresas, inversores y proveedores vinculados directa o indirectamente con esas actividades.
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La Argentina también cuestionó la guía publicada por el Reino Unido el 15 de septiembre, denominada “Doing business with the Falkland Islands”, que brinda información y respaldo a compañías e individuos que desarrollan actividades económicas o suministran bienes y servicios al archipiélago, incluida la explotación de recursos naturales.
Desde la Cancillería argentina se informó que el Gobierno ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas y empresas ubicadas en 30 países, inició 60 procedimientos administrativos y avanzó con denuncias penales relacionadas con actividades en las islas.
La disputa también involucra la interpretación de las resoluciones de Naciones Unidas. La Argentina sostiene que el desarrollo unilateral de recursos naturales en el área bajo disputa contradice resoluciones de la Asamblea General que llaman a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la controversia por la soberanía.
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