El Gobierno nacional modificó la norma que regula la propiedad intelectual y el cobro de los cánones establecidos por el uso de música en el ámbito privado, especialmente en eventos y celebraciones. Además, la medida incorpora normativa vinculada a los medios digitales e Internet.
El decreto 765/2024, publicado en el Boletín Oficial, introduce cambios al decreto reglamentario 41.233/1934 y actualiza el marco legal a las nuevas formas de reproducción de contenidos. El texto hace hincapié en los medios tecnológicos y plataformas de streaming, que hoy forman parte del consumo cotidiano, pero que no estaban contemplados en la legislación original por cuestiones de época y desarrollo tecnológico.
El decreto redefine el concepto de “ejecución pública” y establece que se considerará como tal toda reproducción de música o contenidos audiovisuales que se realice en un espacio de acceso público y dirigida a una pluralidad de personas, sin importar el fin del evento. También incluye los medios electrónicos y digitales, como las transmisiones por Internet.
Sin embargo, el cambio más relevante tiene impacto directo en las fiestas privadas, ya que quedarán exentas del pago a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic). Hasta ahora, los eventos empresariales, comerciales o institucionales debían abonar un 8% sobre los ingresos totales por venta de entradas o menús, o el 40% del 20% de los ingresos brutos por evento.
Con la nueva disposición, cualquier encuentro que se realice en un ámbito privado, sea permanente o temporal, no deberá abonar ningún porcentaje por el uso de la música. “No existe representación o ejecución pública cuando la misma se desarrolla en un ámbito privado”, aclara el decreto.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, celebró la medida y destacó su impacto en el sector hotelero. “Cumplimos nuestra promesa: los hoteles ya no deberán abonar tasas por derechos de autor ni por la reproducción de música en las habitaciones, consideradas ámbito privado”, expresó en su cuenta de X.
Además, afirmó que se trata de un paso más dentro de la política de desregulación económica impulsada por el presidente Javier Milei, con el objetivo de “fortalecer la competitividad de la industria turística”.
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