El Gobierno nacional buscará avanzar nuevamente con una Ley de Financiamiento Universitario propia, aun cuando este martes prevé cerrar un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para recomponer salarios y reforzar partidas destinadas a las universidades públicas durante 2026.
La decisión fue confirmada en medio de las negociaciones entre la administración de Javier Milei y los rectores universitarios. Aunque ambas partes se encaminan a un entendimiento económico, las universidades mantendrán vigente la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que el conflicto de fondo sigue abierto.
Desde la Casa Rosada sostienen que el ámbito adecuado para discutir un nuevo esquema de financiamiento será el tratamiento del Presupuesto 2027, tal como intentaron hacerlo durante la discusión de las partidas correspondientes a 2026.
La estrategia oficial responde, en gran medida, al escenario judicial que aún permanece sin resolución.
Si la Corte Suprema falla en contra del Ejecutivo, el Gobierno quedaría obligado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario vigente, una norma que la administración libertaria cuestiona porque considera que incrementa el gasto público sin establecer una fuente específica de recursos para sostenerlo.
En Balcarce 50 advierten que una eventual aplicación plena de esa ley se daría en un contexto marcado por el ajuste fiscal, una menor capacidad de recaudación y la intención oficial de preservar el superávit financiero. Por esa razón, el Ejecutivo insiste en que cualquier modificación presupuestaria vinculada al sistema universitario debe ser discutida dentro del marco general del presupuesto nacional y no a través de una ley específica.
A pesar del acercamiento económico, las universidades dejaron en claro que el acuerdo en negociación no implica abandonar la vía judicial.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional sostienen que el reclamo ante la Corte continuará su curso. El expediente sigue bajo análisis del máximo tribunal luego de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario contra una medida cautelar favorable a las universidades.
En el oficialismo remarcan que aún restan definir aspectos legales del acuerdo para evitar que el entendimiento sea interpretado como un desistimiento de la demanda.
Según fuentes universitarias, la propuesta que se analiza contempla una recomposición salarial total del 24,33% para docentes y no docentes. El esquema prevé:
- Un aumento del 21,33% en junio, calculado sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026.
- Un incremento adicional del 3% en octubre, aplicado sobre los básicos de septiembre.
La actualización incluye la compensación por el desfasaje salarial de 2025, la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y una mejora adicional equivalente al 7% para recuperar poder adquisitivo. Además, el acta contempla la convocatoria obligatoria a negociaciones paritarias con una frecuencia máxima de tres meses, uno de los principales reclamos impulsados por los gremios universitarios.
El entendimiento también incorpora una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026. A su vez, prevé:
- Una asignación adicional de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios durante este año.
- Un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano desde junio.
Desde el Gobierno buscan presentar estas medidas como una solución para descomprimir el conflicto universitario sin resignar su postura crítica respecto de la ley vigente.
La idea de impulsar una nueva normativa no es nueva. Durante el verano, el Ejecutivo elaboró una propuesta alternativa que no planteaba eliminar completamente el financiamiento universitario, sino modificarlo mediante un esquema que incluía:
- Un aumento del 20% en gastos de funcionamiento.
- Actualizaciones salariales escalonadas.
- Revisiones periódicas ligadas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Incrementos en programas de becas.
Aquella iniciativa no prosperó en el Congreso, pero ahora vuelve a aparecer como una referencia para la discusión presupuestaria del próximo año.
Hace menos de un mes, el Gobierno aplicó una reestructuración presupuestaria cercana a los 2,5 billones de pesos, con impacto sobre áreas como educación, universidades, obras públicas, subsidios y otros programas estatales.
Entre las medidas adoptadas se incluyeron recortes en programas de la Secretaría de Educación, suspensión de transferencias para infraestructura universitaria y reducciones en distintas partidas educativas. En el oficialismo aseguran que el costo fiscal estimado para aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario sería similar al monto de esos recortes, por lo que consideran indispensable rediscutir el esquema dentro del Presupuesto 2027.
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