El proceso de achique del Estado entra en una fase decisiva este primer trimestre de 2026. Según confirmaron fuentes directas de la Casa Rosada, el pliego para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ya está prácticamente terminado y se publicaría en el Boletín Oficial entre febrero y marzo. La intención del Ejecutivo es ceder el control operativo de la empresa, que hoy presta servicio a más de 11 millones de personas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, a un inversor privado con experiencia en servicios públicos.
La arquitectura de la venta establece que el Estado se desprenderá de su 90% del capital social, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del programa de propiedad participada. Para quedarse con la llave de la compañía, el nuevo dueño deberá adquirir, como mínimo, el 51% de las acciones. El resto del paquete accionario que no compre el operador estratégico saldrá a la venta en los mercados financieros bajo el esquema de free float.
Interés brasileño y nuevas reglas de juego
Aunque la licitación estará abierta a consorcios de diversos rubros, en los pasillos oficiales suena con fuerza el nombre de SABESP, la gigante brasileña que maneja el agua en San Pablo y cuenta con 27 millones de clientes.
Para que la oferta sea más atractiva, el Gobierno de Milei ya preparó el terreno con dos medidas clave tomadas el año pasado:
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Nuevo Marco Regulatorio: El Decreto 805/2025 faculta a la futura gestión privada a realizar cortes de suministro a aquellos usuarios que no paguen la factura, algo que hasta ahora tenía fuertes limitaciones legales.
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Sinceramiento tarifario: Se aplicaron aumentos significativos para reducir la dependencia de los subsidios estatales, que cayeron un 91% en términos interanuales comparando los envíos de capital.
El control y las que vienen
El control del servicio no quedará en el aire. El ERAS seguirá supervisando las tarifas y la calidad del agua, mientras que la APLA controlará que el privado cumpla con las inversiones en infraestructura que el sistema necesita. El Estado ya puso unos $753.900 millones en un plan de transición para que la empresa llegue a la venta con los caños en condiciones.
AySA es solo la punta de lanza. En la lista de espera de la Ley Bases ya asoman el Belgrano Cargas, Intercargo, Corredores Viales y Enarsa, todas con procesos que deberían definirse antes de que termine este 2026.
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