La tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos alcanzó su punto máximo este martes 17 de febrero de 2026. Ante la confirmación del paro nacional para el próximo jueves, el Gobierno lanzó una advertencia directa a la planta estatal: “El que no trabaja, no cobra”. Fuentes de Balcarce 50 aseguraron que la instrucción es clara y que no habrá excepciones, a pesar de que la falta de transporte dificultará el traslado de miles de empleados.
La logística oficial para el jueves representa un desafío inédito. A diferencia de protestas anteriores, esta vez se sumaron colectivos, trenes, subtes y taxis, lo que dejará a las ciudades prácticamente desiertas. “Tienen que venir a trabajar sí o sí, como sea”, confiaron funcionarios libertarios, sugiriendo que cada área deberá organizar traslados privados o alternativas para garantizar la operatividad mínima.
El frente gremial de los estatales muestra dos caras ante el tratamiento de la reforma en Diputados: ATE (Asociación Trabajadores del Estado): El gremio liderado por Rodolfo Aguiar redobló la apuesta. No solo pararán, sino que confirmaron una movilización masiva frente al Congreso para presionar durante el debate en el recinto.
UPCN (Unión Personal Civil de la Nación): El sindicato de Andrés Rodríguez se sumará al paro nacional de 24 horas, pero decidió no movilizar a sus bases, en línea con la postura orgánica que bajó la cúpula de la CGT.
Mientras en las calles se prepara la huelga, en los despachos de la Cámara de Diputados el oficialismo trabaja a contrarreloj. El objetivo de La Libertad Avanza es conseguir el dictamen de comisión este mismo miércoles. Si lo logran, el jueves —en simultáneo con el paro— el proyecto entraría al recinto para su votación final.
La reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, enfrenta su prueba de fuego. El Gobierno confía en que tiene los votos necesarios para convertirla en ley el viernes 27, pero el costo será una semana de alta conflictividad social y un país paralizado por la falta de transporte.
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