La presentación fue realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, con el objetivo de poner fin al régimen especial que rige para la líder de la agrupación Tupac Amaru desde hace casi una década.
Sala fue sancionada por la Justicia por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas durante su gestión al frente de la organización social, y cumple una condena unificada de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta, con la medida de prisión domiciliaria concedida por la CIDH en 2017.
En el escrito oficial, el Gobierno argumenta que la dirigente social violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización judicial, lo que habría activado alertas del sistema de monitoreo electrónico y motivó medidas de control adicionales por parte de las autoridades penitenciarias.
Según explicó el comunicado oficial, la defensa de Sala se habría amparado en una supuesta calificación de “hostigamiento judicial” para sostener la vigencia del beneficio, algo que el Estado rechazó y calificó como un intento por “invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”.
El Gobierno subrayó que la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales, pero sostuvo que la medida de la CIDH se convirtió en “un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres”.
En el mismo sentido, las autoridades afirmaron que los derechos humanos “están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien”.
La solicitud reafirma la postura del presidente Javier Milei y su equipo respecto del fin de privilegios para quienes tienen condenas firmes, en línea con su discurso de seguridad y justicia.
La CIDH ahora deberá evaluar el planteo oficial y decidir si mantiene, modifica o deja sin efecto la medida que permite a Sala continuar cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario, mientras la dirigente enfrenta además la posibilidad de tramitar la libertad condicional tras haber cumplido dos tercios de su pena.
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