El Gobierno aceleró este martes su nueva estrategia sobre Malvinas durante una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, que incorporó por primera vez al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti. El encuentro sirvió para avanzar en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, reforzar las sanciones contra empresas que operan en las islas y definir nuevos pasos para la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Uno de los principales anuncios fue que Quirno y Presti viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el predio donde está prevista la construcción de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico. La decisión busca acelerar los tiempos de una obra que el Gobierno considera estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.
El proyecto ya cuenta con una reasignación de US$142 millones del Presupuesto nacional, aunque la estimación del costo total se ubica entre US$400 millones y US$500 millones. Por ese motivo, todavía resta definir cómo se financiará buena parte de la inversión. Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice esta obra y otros proyectos vinculados con la seguridad nacional dentro del Presupuesto 2027.
Desde el Gobierno remarcaron que la instalación no tendrá un objetivo exclusivamente militar. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la base estará orientada a convertirse en un polo logístico para el Atlántico Sur y a brindar apoyo operativo y científico a las actividades vinculadas con la Antártida.
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El proyecto que llegará al Congreso
Otro de los ejes de la reunión fue el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Ejecutivo prevé enviar la próxima semana a la Cámara de Diputados. La iniciativa busca modificar y endurecer el esquema de sanciones previsto en la Ley 26.659 para las empresas y proveedores que desarrollen actividades en las islas sin autorización argentina.
Entre las herramientas que analiza el Gobierno aparece además la posibilidad de habilitar juicios en ausencia en determinados casos. El proyecto también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, para coordinar respuestas frente a eventuales amenazas contra los intereses argentinos.
La intención oficial es dotar a ese organismo de herramientas económicas y diplomáticas específicas para actuar ante amenazas provenientes tanto de otros Estados como de actores no estatales.
El Gobierno denunciará a petroleras internacionales por operar en Malvinas
Más sanciones contra empresas vinculadas a Malvinas
En paralelo, la Casa Rosada anunció nuevas medidas contra empresas internacionales que operan en las islas sin autorización argentina. Según informó el Gobierno, 15 nuevas compañías fueron alcanzadas por sanciones, después de que durante el fin de semana fueran notificadas otras 45 personas y entidades jurídicas.
La ofensiva también avanzó por la vía judicial. El canciller Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaron una denuncia penal contra empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, entre ellas firmas relacionadas con Navitas Petroleum, una de las compañías involucradas en la explotación petrolera proyectada en el archipiélago.
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De esta manera, la administración de Milei busca avanzar en paralelo por tres vías: reforzar la presión económica y judicial sobre las empresas que operan en Malvinas, impulsar una nueva legislación sobre soberanía y acelerar la construcción de infraestructura militar y logística en el extremo sur del país.
La incorporación de Quirno y Presti a la mesa política refleja, además, la decisión de la Casa Rosada de involucrar directamente a las áreas de Cancillería y Defensa en la definición de esta nueva etapa de la política sobre Malvinas, mientras prepara el desembarco de los proyectos en el Congreso.
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