El proyecto Sea Lion busca avanzar con la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean a las Islas Malvinas, en un área cuya soberanía es reclamada por la Argentina. En los últimos días, la iniciativa quedó en el centro de una nueva escalada entre el Gobierno de Javier Milei, las empresas involucradas y el Reino Unido.
La disputa se profundizó después de que Milei anunciara nuevas medidas contra las compañías que participan de actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina. El Gobierno abrió un proceso sancionatorio contra 45 empresas y personas vinculadas con esas operaciones y ahora anunció que presentará una denuncia penal contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias, socios y directivos.
El proyecto está en manos de Navitas Petroleum, una compañía israelí que posee el 65% y actúa como operadora, y de la británica Rockhopper Exploration, que controla el 35% restante. Ambas compañías sostienen que las licencias que les permiten desarrollar Sea Lion fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las Islas Malvinas y cuentan con respaldo británico.
Ambas empresas aprobaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera etapa del proyecto. El desembolso previsto para esta fase ronda los u$s2.200 millones, mientras que el desarrollo completo contempla una inversión mayor. La producción inicial está proyectada para 2028.
El plan contempla pozos submarinos conectados a una unidad flotante destinada a la producción, el almacenamiento y la descarga del crudo. Para esta primera etapa, Navitas contrató el buque Aoka Mizu, de la compañía neerlandesa Bluewater Energy Services, que será adaptado como FPSO para operar en Sea Lion.
Navitas estima que Sea Lion cuenta con un importante potencial de recursos petroleros. Las estimaciones difundidas por las compañías convierten al desarrollo en una iniciativa relevante desde el punto de vista económico, pese a que sus operadores tienen una dimensión menor que la de las principales petroleras globales.
Quiénes están detrás del proyecto Sea Lion
Navitas, que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv, ingresó al proyecto en 2022 después de adquirir el 65% de las licencias que pertenecían a Harbour Energy. Con esa operación también asumió el control operativo del área.
Rockhopper, por su parte, cotiza en el mercado AIM de Londres y mantiene activos vinculados principalmente con las islas, además de algunos intereses en Italia. La compañía participa del proyecto desde las primeras etapas de exploración.
Harbour Energy decidió desprenderse de Sea Lion y posteriormente reforzó su presencia en la Argentina. En 2024 compró los activos de la alemana Wintershall Dea y pasó a integrar proyectos de explotación offshore frente a las costas de Tierra del Fuego junto con TotalEnergies y Pan American Energy (PAE).
El conflicto volvió a cobrar fuerza después de que Milei calificara a Sea Lion como una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina y anunciara un endurecimiento del esquema de sanciones. El decreto firmado por el Presidente no creó una nueva ley de sanciones, sino que reglamentó y amplió el alcance de la Ley 26.659. La norma prohíbe a personas físicas y jurídicas desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.
El nuevo esquema alcanza no solo a las empresas operadoras, sino también a accionistas, directores y proveedores vinculados con las compañías sancionadas, con inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. Además, el Gobierno anticipó que enviará al Congreso un proyecto para profundizar ese régimen y extender las sanciones a proveedores.
Milei endureció su posición y las petroleras respondieron
Después de los anuncios de Milei, Navitas y Rockhopper ratificaron que las licencias de Sea Lion continúan vigentes y que el proyecto sigue adelante. Ambas compañías sostienen que sus permisos fueron otorgados por las autoridades de las islas y cuentan con respaldo del Reino Unido.
La Argentina, en cambio, considera ilegales esas licencias y sostiene que las compañías están realizando actividades hidrocarburíferas sobre una plataforma continental cuya soberanía reclama el país. De hecho, tanto Rockhopper como Navitas ya habían sido alcanzadas por sanciones argentinas antes de esta nueva ofensiva.
La disputa sumó además una dimensión geopolítica. Milei aprovechó la cadena nacional para reivindicar el reclamo argentino sobre las islas y destacó las recientes declaraciones de Donald Trump, quien planteó que Estados Unidos podría revisar su histórica posición sobre la cuestión Malvinas. El Reino Unido respondió reafirmando que no existen dudas sobre su soberanía sobre las islas.
Para Navitas y Rockhopper, el potencial petrolero de Sea Lion justifica avanzar con el desarrollo pese al conflicto. Para la Argentina, en cambio, la explotación constituye una actividad no autorizada sobre recursos que considera propios.
Comentarios