El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta incluida dentro de la nueva ley de reforma laboral que apunta a fomentar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de beneficios fiscales y condiciones especiales para invertir.
La oficialización, que se concretó mediante su publicación en el Boletín Oficial, pone en marcha un esquema que busca dinamizar la inversión productiva en todo el país, con foco en sectores estratégicos y economías regionales.
El RIMI fue diseñado como un complemento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero orientado específicamente al universo pyme, con montos de ingreso significativamente más bajos y un alcance más amplio en términos territoriales y sectoriales.
Según lo establecido, podrán acceder empresas micro, pequeñas y medianas que realicen inversiones productivas en bienes de capital nuevos o en obras vinculadas a la producción. Quedan excluidas las colocaciones financieras o adquisiciones destinadas a reventa.
Uno de los puntos centrales del régimen son los beneficios impositivos. Entre ellos se destacan mecanismos como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA, herramientas que buscan mejorar la rentabilidad de los proyectos y acelerar decisiones de inversión.
En cuanto a los requisitos, el RIMI fija montos mínimos de inversión diferenciados según el tamaño de la empresa: desde unos 150.000 dólares para microempresas hasta cifras que alcanzan varios millones en el caso de firmas medianas.
Además, el régimen tendrá una ventana temporal limitada: alcanzará a las inversiones realizadas durante los primeros años de vigencia de la norma, lo que busca generar un efecto inmediato en la actividad económica y en la creación de empleo.
La reglamentación del RIMI se inscribe dentro de un paquete más amplio de cambios impulsados por la reforma laboral, que también incluye incentivos a la formalización del empleo y reducción de cargas patronales en determinados casos.
Con este nuevo esquema, el Ejecutivo apuesta a que las pymes —uno de los principales motores del empleo en la Argentina— incrementen sus niveles de inversión y competitividad, en un contexto económico marcado por la necesidad de reactivar la producción.
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