El Gobierno nacional oficializó este martes la política presupuestaria para todos los organismos del Estado, definiendo reglas detalladas para la asignación de recursos, el manejo de cargos públicos y los controles sobre transferencias de fondos que regirán a lo largo de 2026. La decisión fue publicada en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, luego de la sanción de la normativa correspondiente el año pasado.
Según detalla la norma oficializada, la distribución de los recursos incluye tanto los gastos corrientes —como salarios y servicios— como los gastos de capital, vinculados a obras o compras de equipamiento, para todos los organismos nacionales, de acuerdo con las planillas anexas que ya fueron publicadas en la web oficial.
Uno de los puntos centrales de la medida es que “el Jefe de Gabinete de Ministros tendrá la potestad de dividir los créditos a nivel de las partidas más mínimas, de acuerdo con los programas o categorías que considere apropiadas”, lo que implicará un control más exhaustivo sobre cómo se utilizan los fondos en cada área del Estado.
Además, se estableció que para cubrir vacantes en la administración pública, los organismos deberán certificar que el puesto está realmente libre y que hay dinero asignado para ese cargo; cualquier movimiento de altos cargos, como la creación o modificación de estos, solo podrá aprobarse con intervención previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, y deberá ser firmado por el Presidente de la Nación.
La decisión también centraliza el financiamiento de las empresas públicas no financieras desde la jurisdicción denominada “Obligaciones a cargo del Tesoro”, con el objetivo de evitar la duplicación de partidas y mejorar el control sobre esos fondos. Para reforzar la supervisión, todas las jurisdicciones y organismos estatales tendrán que informar cada tres meses a la Secretaría de Hacienda sobre la evolución de su dotación de personal y contrataciones, cualquiera sea la modalidad y origen de esos fondos.
Otra novedad es que las jurisdicciones que manejan gastos de inteligencia deberán solicitar autorización expresa a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) antes de mover fondos o reprogramar sus planes presupuestarios, y sin esta conformidad no podrán avanzar con cambios en los créditos.
El cronograma de pagos al Tesoro Nacional fue pautado en cuatro cuotas iguales con vencimientos trimestrales, aunque la Secretaría de Hacienda puede autorizar fechas especiales si la situación financiera de algún organismo lo justifica.
La medida busca ordenar la ejecución presupuestaria en un contexto donde el Gobierno ha venido reasignando partidas por decreto ante la falta de un presupuesto plenamente votado por el Congreso, como ocurrió en el ejercicio anterior.
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