El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles mediante el decreto 397/2025, que establece requisitos estrictos: acreditación e identificación del arma, presentación de una declaración jurada, demostración de uso deportivo, ausencia de antecedentes en registros nacionales (RENAR/ANMAC), aprobación de pruebas psicofisiológicas y entrenamiento en polígono, entre otras exigencias. Sobre ese anuncio Gabriel Pennise dialogó con el especialista en seguridad Daniel Adler en Antes de Todo en Radio Boing 97.3.
Adler valoró el decreto como una medida destinada, sobre todo, a transparentar y localizar armas que ya circulan en el país. Según el especialista, en la Argentina habría alrededor de 3,8 millones de armas en circulación, de las cuales solo 405.000 están “a derecho”. Adler señaló además que 1.618.000 de esas armas nunca se renovaron y estimó que cerca de 1.800.000 serían directamente ilegales o ingresadas por vía de frontera. Frente a ese panorama, explicó, la norma pretende ofrecer un mecanismo por el cual quienes posean armas no registradas puedan declararlas y regularizarlas.
En el intercambio se aclararon también conceptos técnicos: Adler definió la diferencia entre automático y semiautomático. En un arma semiautomática la recarga tras cada disparo se realiza de manera automática, pero el tirador debe apretar el gatillo para cada disparo; no se trata, por tanto, de armas de fuego en ráfaga total. En términos deportivos, ese tipo de fusiles se usa en disciplinas de tiro que requieren precisión y repetición de disparos controlados.
El especialista advirtió sobre riesgos evidentes: el mercado criminal se beneficia de la disponibilidad y del mercado gris de armas, y la criminalidad puede valerse del factor sorpresa o apoderarse de armas legales mediante robos. Por eso, remarcó Adler, la clave del decreto no es liberalizar el acceso sin controles sino avanzar en la identificación y fiscalización del parque de armas para reducir la opacidad que favorece al delito.
Adler defendió igualmente la obligatoriedad de controles psicofisiológicos y del entrenamiento en polígono, y puso el foco en la necesidad de que la norma vaya acompañada de una gestión rigurosa por parte de los organismos reguladores para evitar que la regularización sirva de tapadera a operadores del mercado ilegal.
El decreto busca incorporar al registro armas hoy en situación de “gris” y formalizar a usuarios legítimos, con controles sanitarios y de idoneidad. Para que la medida sea efectiva, subrayó Adler, hará falta una implementación técnica sólida, un control fiscalizador consistente y políticas complementarias que ataquen la oferta ilegal y los robos de armas. La discusión pública, añadió el especialista, seguirá en torno a cómo garantizar que la normalización contribuya realmente a la seguridad y no al aumento de disponibilidad armada en manos indebidas.
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