El Gobierno nacional solicitó el retiro del proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil, apenas un día después de haberlo enviado al Congreso de la Nación, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.
De acuerdo a fuentes oficiales, una de las razones centrales de la decisión fue que el dictamen remitido establecía la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el acuerdo político alcanzado con los partidos aliados era fijarla en 14 años, tal como había quedado asentado en el texto consensuado durante el año pasado.
El factor político detrás del giro
En términos políticos, la insistencia en fijar la edad mínima en 13 años amenazaba con empantanar el debate legislativo y poner en riesgo el tratamiento del resto de los capítulos del nuevo régimen penal juvenil. Frente a ese escenario, el oficialismo optó por retomar el proyecto trabajado en 2025, lo que le permite aprovechar el camino ya recorrido en comisiones y evitar que la discusión vuelva a empezar desde cero.
El desfasaje detectado en el texto enviado al Congreso generó malestar entre los aliados y llevó al Ejecutivo a dar marcha atrás con el envío del proyecto, con el objetivo de reordenar el consenso político y asegurar los votos necesarios.
Cómo es la Reforma Penal Juvenil
Más allá de la modificación en la edad mínima de imputabilidad, el núcleo de la reforma que el Gobierno buscará debatir mantiene los ejes centrales trabajados el año pasado:
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Penas diferenciadas para menores de edad.
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Programas de reinserción obligatorios.
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Ajustes en los plazos procesales para delitos graves.
Con esta decisión, el Poder Ejecutivo apunta a garantizar una victoria legislativa rápida, priorizando la aprobación de un nuevo marco legal antes que sostener la ambición inicial de bajar la edad de imputabilidad a un límite que el Congreso no parecía dispuesto a convalidar en el ciclo legislativo 2026.
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