El gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad en la Argentina a los 14 años. La norma fue oficializada a través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial.
La nueva legislación fija que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser imputados por delitos previstos en el Código Penal y establece un sistema de sanciones graduadas que contempla tanto la edad del menor como el contexto en el que se cometió el hecho.
La iniciativa fue aprobada por el Senado durante el período de sesiones extraordinarias del 27 de febrero con 44 votos a favor y 27 en contra, lo que significó un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo de La Libertad Avanza.
El proyecto original impulsado por el Ejecutivo proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años. Sin embargo, en el marco de las negociaciones parlamentarias con bloques aliados, el Gobierno aceptó elevar el piso a 14 años para garantizar el consenso político necesario para su aprobación.
Con esa modificación, el oficialismo logró el respaldo de espacios clave como el PRO y la Unión Cívica Radical, cuyos legisladores consideraban que el límite de 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido y alineado con la legislación vigente en gran parte de América Latina.
En varios países de la región, como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana, la edad de imputabilidad también está fijada en los 14 años. En otros casos, como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, el inicio de la responsabilidad penal juvenil comienza incluso a partir de los 12 años.
La nueva ley reemplaza el antiguo régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece que las sanciones deberán orientarse a la educación, la formación y la reinserción social de los adolescentes que cometan delitos. Además, fija un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad aplicables a menores de edad.
De esta manera, el Gobierno concretó una de las reformas penales más debatidas de los últimos años, en medio de un fuerte debate político y social sobre el rol del Estado frente al delito juvenil.
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