El escenario para las personas con discapacidad en Argentina acaba de cambiar formalmente. Obligado por una sentencia del Juzgado Federal de Campana, el presidente Javier Milei firmó la reglamentación de la Ley 27.793. El decreto, publicado este miércoles, deja sin efecto la suspensión previa por falta de fondos y ordena la aplicación inmediata de un nuevo régimen de pensiones no contributivas.
La normativa no solo redefine quiénes pueden acceder al beneficio, sino que también establece controles mucho más estrictos. A partir de ahora, la Secretaría Nacional de Discapacidad pasa a formar parte del organigrama del Ministerio de Salud. El objetivo es centralizar todo bajo una mirada sanitaria y social que, según el Ejecutivo, busca articular el cobro de la pensión con políticas reales de inclusión laboral.
Un punto que genera mucha expectativa es la “conversión de oficio”. Todas las pensiones otorgadas antes de este decreto pasarán automáticamente a llamarse Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Sin embargo, esto no es un simple cambio de nombre: la autoridad de aplicación iniciará un proceso de relevamiento y verificación para chequear que cada beneficiario cumpla con las nuevas condiciones de permanencia.
En este febrero de 2026, el reloj ya empezó a correr. La Secretaría tiene 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas y convocar al Consejo Federal de Discapacidad. La idea es acordar criterios de evaluación socioeconómica que sean parejos en todo el país. Además, se buscarán esquemas de cofinanciamiento, donde las provincias y la Ciudad de Buenos Aires también pongan parte del presupuesto según sus posibilidades.
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