La decisión fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde el Ejecutivo dispuso trasladar nuevamente los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, y responde, según argumentó la Casa Rosada, a la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.
En los hechos, la decisión implica que durante abril no habrá impacto impositivo adicional en los surtidores, en un contexto en el que el precio de los combustibles ya viene bajo fuerte presión por el encarecimiento internacional del petróleo.
La postergación llega en un momento delicado para la macroeconomía. La escalada bélica en Medio Oriente —con la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel— empujó al alza la cotización internacional del crudo y generó subas en los precios internos de los combustibles durante las últimas semanas.
Con este escenario, el Gobierno apuesta a evitar que una nueva suba tributaria se traslade de manera inmediata a la inflación, que en los últimos meses mostró una aceleración y volvió a transformarse en una de las principales preocupaciones económicas.
La expectativa oficial es que para mayo el conflicto internacional ceda y el barril de petróleo se aleje de la zona de los US$100, lo que permitiría aplicar el ajuste pendiente con menor impacto político y económico.
Una estrategia que se repite
No es la primera vez que la administración de Javier Milei opta por diferir este tipo de aumentos.
Desde mediados de 2024, el Ejecutivo viene aplicando una política de desdoblamiento y postergación de los impuestos a los combustibles, con el objetivo de suavizar el traslado a precios.
La normativa vigente establece que estos montos se actualizan trimestralmente en función de la inflación medida por el INDEC, pero sucesivos decretos fueron corriendo su aplicación efectiva.
Además, se mantiene el esquema diferencial para el gasoil consumido en la Patagonia, Patagones y Malargüe, una herramienta que busca amortiguar costos logísticos y productivos en esas regiones.
El costo fiscal de pisar el impuesto
La contracara de esta estrategia es el impacto sobre las cuentas públicas.
Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, las postergaciones dispuestas durante 2025 representaron una resignación de ingresos fiscales por US$2.326 millones, un dato que vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre el objetivo de equilibrio fiscal y la necesidad de contener la inflación.
En otras palabras, el Gobierno vuelve a elegir ceder recaudación para evitar un nuevo salto en surtidores, una decisión que tiene efecto directo sobre el bolsillo de los consumidores, pero también sobre la caja del Estado.
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