Este martes el juez federal Gastón Salmain sumó una nueva imputación penal en la audiencia realizada en los Tribunales Federales de Rosario ante el juez Román Lanzón. Intervinieron el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito Rosario, las fiscales Soledad García y María Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y el auxiliar fiscal de esa procuraduría, Esteban Venditti.
A Salmain se le endilgó haber abusado de su autoridad e incumplir con sus deberes de funcionario público al pedir por escrito a la PSA que le brinde información sobre una investigación que se había abierto en contra suya. El hecho ocurrió en octubre pasado, después del allanamiento en el despacho de Salmain, en el marco de otra causa en la que también fue indagado.
“Ese día cuando los efectivos de la PSA ingresaron al Tribunal para allanarlo, Salmain estaba en el baño. Al salir, entregó su iPhone 17 PRO apagado, lo que frustró la extracción forense “en caliente” que había solicitado el juez. Era horario laboral, eran las 11 de la mañana y estaba en su lugar de trabajo”, dijo durante la audiencia la fiscal Sosa, al argumentar que el juez había entorpecido la investigación. Antes, Arzubi Calvo había detallado los motivos por los que se había solicitado originalmente la requisa y el secuestro del celular, a los que les había seguido el presunto abuso de autoridad del juez federal.
De acuerdo a la Fiscalía, Salmain habría utilizado su investidura de Juez Federal de la Nación Argentina para confeccionar, suscribir y ordenar el diligenciamiento de los oficios judiciales N°56 dirigido al Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Alfredo Gallardo, y N°54 dirigido a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, con la finalidad de obtener información relacionada con el caso FRO 15.947/2024 (donde ya fue indagador por su presunta participación en una asociación ilícita sospechada de favorecer a un fideicomiso para la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior ) en el marco del cual se habían dispuesto medidas jurisdiccionales en su contra apenas unos días antes. Concretamente, esa causa se había dispuesto su requisa personal y la de su vehículo como así también el secuestro de su teléfono celular, lo que se concretó el día 17.10.2025 por personal policial de la PSA.
Uno de los abogados defensores del juez Salmain, el doctor Gustavo Feldman, argumentó que “no había sido una orden, sino una solicitud” y sostuvo enfáticamente que existe “un clima de época” contra su defendido. Más tarde Ignacio Carbone, el otro abogado defensor de Salmain, sostendría que no había existitido “ni dolo, ni entorpecimiento probatorio”.
Los antecedentes
Cabe recordar que la semana anterior ya Salmain había sido imputado en otra causa penal en el fuero federal, que se abrió por dichos del financista Fernando Whpei como imputado colaborador. En su declaración, planteó que el juez le había pedido unos 200 mil dólares a cambio de firmar una cautelar a fines de 2023 que le permitía al fideicomiso Attila (de Whpei) comprar hasta 10 millones de dólares en el mercado oficial, durante la vigencia del cepo cambiario.
Aquel trámite judicial le hubiese posibilitado a Whpei hacerse de una diferencia económica con el denominado “rulo cambiario”. Aunque la maniobra finalmente no se concretó -según la explicación de los fiscales, porque la devaluación que siguió a la llegada de Milei a la presidencia acható la distancia entre el dólar blue y el oficial- se pretende llevar a juicio a Salmain por el presunto pedido de coima, que el juez niega. En esa otra causa, sus abogados también son Feldman y Carbone, que en la audiencia de la semana pasada ante Vera Barros presentaron un escrito argumentando que existe una persecución mediática y de actores judiciales contra su defendido.
Volviendo a la audiencia de este martes, en el último tramo de la misma Lanzón manifestó la dificultad que existe para un juez de garantías en una situación como la que se había planteado, por el hecho de que el investigado y los investigadores trabajan en el mismo fuero. Finalmente, se habilitó a que la investigación continúe durante seis meses, sin medidas cautelares privativas de la libertad.
Tras citar que se trata de un caso de “gravedad institucional”, Lanzón ordenó remitir acta de audiencia y video al Consejo de la Magistratura.
El delito de abuso de autoridad de funcionario público, previsto por el artículo 248 del Código Penal tiene una pena en expectativa cuya máxima de 2 años y es excarcelable. “No obstante – dijeron los fiscales- se trata de un hecho de gravedad institucional por tratarse de un juez, que quiso mejorar su situación procesal, que utilizó a dos empleados suyos para hacer cumplir la orden y que además intentó averiguar el nombre de todos los que habían intervenido en el allanamiento en su contra”.
Los otros trámites que enfrenta Salmain
En las próximas horas el juez Carlos Vera Barros debe resolver si acepta la imputación que pidió la semana pasada el fiscal Federico Reynares Solari, por la presunta maniobra de cohecho con el financista Whpei. Y en otro orden, el Consejo de la Magistratura tiene que analizar el expediente sobre Salmain, en el que se analiza su conducta al concursar como juez: en 2001 fue cesanteado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haber ofrecido un soborno -cuando era empleado de un Tribunal- para que una causa pase al Juzgado en el que él trabajaba. Y el omitir ese dato en su presentación de antecedentes, la valió una denuncia de la diputada provincial Lionela Cattalini.
El caso inició su camino institucional en la Comisión de Disciplina y luego por unanimidad, en un plenario encabezado por el ministro de la Corte, Horacio Rosatti, se decidió enviar la carpeta a la Comisión de Acusación. La más grave de las posibilidades para Gastón Salmain en ese ámbito sería su destitución. En una entrevista radial que concedió el último fin de semana a Radio UNR, el magistrado negó “rotundamente” que en este contexto esté pensando en renunciar a su cargo.
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