Si bien recién esta semana comenzó el juicio oral a 19 policías por el asesinato de Franco Casco, la causa ya viene manchada desde hace tiempo. En agosto del 2020, el por entonces Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, había denunciado que los abogados de cinco de los policías acusados recibieron honorarios de fondos que pertenecían al Estado. Los pagos se realizaron durante la gestión de Miguel Lifschitz.
Dicha presentación fue realizada ante la Unidad de Delitos Complejos de Fiscalía por la abogada Nadia Schujman. Ahora, la profesional del Derecho, representante legal de H.I.J.O.S denunció una persecución política en su contra, pretendiendo imputarla por una supuesta asociación ilícita y malversación dolosa.
Según sostiene la acusación realizada por el ex funcionario, David Reniero, en su momento secretario de Control de Fuerzas de Seguridad, habría utilizado fondos pertenecientes al Estado para abonar los servicios del abogado José Manuel Alcacer. El letrado, continuando con lo expresado en la denuncia, contaba con una incompatibilidad para defender a personas que realizaran actividades reguladas por el Gobierno.
La acusación por incapacidad para ejercer sobre dichas personas está basada en el Decreto Nro 2118, y sostiene que no podría hacerlo porque había sido funcionario del Ministerio de Seguridad. El abogado estuvo ligado al Ministerio comandado por Raúl Lamberto, cuando cumplía tareas relacionadas con la unidad de Asuntos Internos.
Alcacer, además, fue defensor del reconocido Luis Alberto Paz procesado por ser jefe de una organización ilegal que se dedicaba a la venta de drogas y lavado de dinero que provenía del narcotráfico. La defensa al padre del “Fantasma” Paz se dio cuando el abogado era socio del estudio jurídico de Lucas Peirone, representante legal de Esteban Alvarado.
Casualmente, Peirone también ocupó un lugar en el Estado, ya que fue asesor en la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia durante la gestión de Miguel Lifschitz. Es por eso que el propio Gobierno santafesino se presentó como querellante en la causa, que fue conocida como “de fondos reservados”.
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