El ministerio de Justicia de la Nación volvió a postergar este miércoles la implementación del sistema procesal acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que era una de las medidas a llevar a cabo tras las elecciones legislativas.
Pese a que la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal estaba prevista para el próximo 10 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal advirtió en reiteradas oportunidades que no estaban dadas las condiciones para su aplicación. En ese marco, el Gobierno estableció que lo hará en el primer trimestre del 2026.
La decisión de posponer una vez más el esquema fue tomada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, ya que el titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, está de licencia. El número dos del Ministerio será también el autor de la resolución que estará firmada además por Patricia Bullrich.
Entre los motivos de la postergación se encuentran cuestiones relacionadas con el personal, la infraestructura y la tecnología, que impedirían que el sistema funcione correctamente, lo cual fue manifestado como prioridad desde los tribunales federales.
La primera vez que el Gobierno aplazó la aplicación del sistema procesal acusatorio fue en agosto pasado, cuando se estableció como fecha el 10 de noviembre. En ese entonces, la cartera liderada por Cúneo Libarona precisó a través de un comunicado que la decisión se debía a “reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”.
“A criterio del Gobierno Nacional se encuentran insatisfechas las condiciones para la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”, argumentaron en el decreto 530/2025.
Sobre el nuevo sistema, el ministro aseguró en marzo de este año que el objetivo es lograr “una justicia eficiente y rápida” y detalló que, con su entrada en vigencia, toda causa será recibida por el Ministerio Público Fiscal. “Primero analiza si vale la pena investigar eso, llamado principio de oportunidad. Luego, puede plantear un juicio abreviado, una probation o una reparación”, precisó.
Además, destacó que la reforma agiliza los tiempos de la Justicia y subrayó: “Evitamos un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos“.
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