Con un debut “a todo trapo” de los nuevos legisladores y una ampliación significativa del bloque de La Libertad Avanza dentro del recinto, la Cámara de Diputados inició este miércoles a las 14.27 la primera sesión extraordinaria de la segunda mitad de diciembre. El oficialismo buscará darle media sanción al Presupuesto 2026, en lo que será el primer plan de gastos y recursos correspondiente a la gestión de Javier Milei.
El tratamiento se da bajo un trámite exprés: si bien el proyecto fue debatido semanas atrás, aquella discusión se realizó con la composición anterior de la Cámara. A este temario se sumaron además dos iniciativas que nunca habían sido tratadas en el recinto: el proyecto de “Inocencia Fiscal”, enviado en junio, y el denominado “Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, ingresado junto al Presupuesto en septiembre.
El orden de tratamiento de los temas fue definido en la reunión de Labor Parlamentaria, aunque no hubo consenso sobre la modalidad de votación del Presupuesto. El oficialismo pretende que sea por capítulos y no por artículos, lo que genera resistencias, en especial por el capítulo XI, que concentra los puntos más sensibles y polémicos del texto.
Un día después de haber obtenido dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo se apresta a avanzar con el respaldo de bloques aliados y de diputados que responden a gobernadores cercanos a la Casa Rosada. Milei gobierna desde su asunción con la prórroga y reconducción del Presupuesto 2023, por lo que este sería el primer presupuesto propio de su administración.
El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo proyecta para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio estimado en $1.423 para diciembre del próximo año.
Artículos polémicos y rechazo opositor
Uno de los cambios que mayor controversia generó fue la incorporación del artículo 75, que propone derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas este año por el Congreso, vetadas luego por el presidente Milei e insistidas por las dos cámaras con mayoría agravada.
El artículo siguiente establece que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad serán fijados trimestralmente por el Ministerio de Salud y la ANDIS. En caso de no hacerlo en tiempo y forma, los montos se ajustarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un intento del Ejecutivo por atenuar el impacto político de la derogación, especialmente tras un reciente fallo judicial adverso.
En materia universitaria, el Presupuesto fija una partida de $4,785 billones. En contraste, los dictámenes alternativos presentados por Unión por la Patria y el interbloque Unidos proponen incorporar al Presupuesto las leyes de Emergencia en Discapacidad, Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.
Otro artículo que genera fuerte resistencia es el 30, que prevé la derogación de disposiciones vinculadas al financiamiento de educación, ciencia y defensa. A su vez, el artículo 70 elimina el carácter móvil de las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo, dejando su actualización a discreción del Poder Ejecutivo.
También se propone modificar la Ley de Zonas Frías, eliminando la ampliación aprobada en 2021 y restringiendo los subsidios al gas únicamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna.
El dictamen, compuesto por 83 artículos, prorroga hasta 2045 la exención impositiva para la energía renovable e incorpora beneficios fiscales para la importación y comercialización de gasoil y diesel oil durante 2026.
Entre las modificaciones de último momento, se incluyó una cláusula que habilita al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación retenida durante la gestión de Alberto Fernández, un gesto clave para asegurar el acompañamiento del PRO.
Inocencia Fiscal
El segundo proyecto incorporado al temario es el de “Inocencia Fiscal”, presentado originalmente como parte del incentivo al uso de los llamados “dólares del colchón”. Según el Gobierno, busca “blindar a los ahorristas argentinos” frente a futuras administraciones y reformar integralmente el sistema tributario y el Régimen Penal Tributario, bajo el principio de presunción de inocencia.
La iniciativa redefine los delitos fiscales, concentrando la persecución penal en casos de “evasión relevante”, y habilita la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación. También establece la presunción de veracidad de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma y crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada.
Entre los cambios más relevantes, se elevan de manera significativa los montos a partir de los cuales la evasión es considerada delito, y se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. En el Régimen Simplificado de Ganancias, se fija un tope patrimonial de hasta $10.000 millones y se elimina el control sobre variaciones patrimoniales y consumos.
Compromiso por la estabilidad fiscal
El tercer proyecto, que genera incluso rechazo entre aliados del oficialismo, es el “Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria”. La iniciativa establece la obligación de que el Presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario y prohíbe la sanción de presupuestos deficitarios.
Además, impone fuertes restricciones al Poder Legislativo, obliga a acompañar los proyectos con informes de impacto presupuestario y prevé penas de prisión para funcionarios que autoricen gastos sin financiamiento. También endurece las sanciones contra autoridades del Banco Central que habiliten emisiones monetarias irregulares.
Por el nivel de resistencia que despierta, no se descarta que al momento de su tratamiento la sesión quede sin quórum, poniendo en duda su aprobación.
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