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Opinión

El Proceso de Reorganización Nacional, el último golpe cívico-militar que sufrió el país

El 24 de marzo de 1976 ocurrió el último golpe de Estado en Argentina y el más sangriento de todos. El objetivo fue derrocar al gobierno de María Estela Martínez de Perón, quién era apodada “Isabelita”. Los militares adujeron que la presidenta había perdido totalmente la legitimidad debido a que en realidad, los argentinos votaron en 1973 a Juan Domingo Perón como presidente pero este falleció el 1° de julio de 1974 siendo reemplazado por su vicepresidenta y tercera esposa.

Desde la muerte del líder justicialista, la crisis económica impactó fuertemente en el país y las medidas económicas tomada por el ministro Celestino Rodrigo, conocidas como “Rodrigazo” generaron una inflación anual del 182% en 1975 y un fuerte desabastecimiento de alimentos, combustibles y autopartes.

Las condiciones socio-económicas hicieron que la figura de Martínez de Perón perdiera apoyo popular pese a que junto a su marido habían conseguido el 62% de los votos en las elecciones del 23 de septiembre de 1973. El accionar de agrupaciones como Montoneros y ERP provocaron un temor en la sociedad y gran parte de la población vio con beneplácito la interrupción de este gobierno constitucional.

Las tres fuerzas armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) actuó en conjunto para desarrollar el golpe y contó con el apoyo de instituciones importantes del país como la Iglesia Católica, la Sociedad Rural y los sectores más conservadores de la sociedad argentina.

Jorge Rafael Videla del Ejército, Emilio Eduardo Massera de la Armada y Orlando Ramón Agosti de la Fuerza Aérea integraron la Junta Militar de Gobierno y el 29 de marzo de 1976, Videla fue designado como presidente de la Nación.

Una de las primeras acciones del auto-denominado Proceso de Reorganización Nacional fue suprimir al Congreso Nacional y reemplazarlo por una Comisión de Asesoramiento Legislativo integrando por miembros de las tres fuerzas. El lema de este gobierno fue “luchar contra la subversión”  y para eso realizó una serie de acciones que incluyó la quema de libros hasta la persecución, secuestro y tortura y ejecución de personas que tuvieran una ideología que iba contra los intereses de la dictadura.

A nivel regional, la mayoría de los países latinoamericanos estaban bajo gobiernos dictatoriales como el de Augusto Pinochet en Chile, el de Hugo Bánzer Suárez en Bolivia, el de Alfredo Stroessner en Paraguay y el de Juan María Bordaberry en Uruguay.

Según informes de organizaciones de DD.HH, en 1976 se crearon más de 360 centros de detención clandestina en el país donde se torturaban a las personas que eran capturadas. Asimismo se sembró una política del terror donde la ciudadanía sintió temor de expresarse contra la dictadura.

A nivel económico, el ministro designado fue José Alfredo Martínez de Hoz, miembro de una de las familias oligárquicas del país que anunció un plan cuyo objetivo era terminar con la intervención estatal y llevar a la Argentina al rol de granero del mundo que ocupó a finales del S.XIX y comienzos del XX.

El plan de Martínez de Hoz dio como resultado una caída real del 40% en los salarios de los trabajadores, una inflación anual del 400%, la eliminación del control de precios y el fin del proteccionismo de la industria nacional que derivó en la competencia desigual con los productos baratos que ingresaron profusamente al país.

Uno de los principales opositores a este esquema fue el propio Emilio Massera quién se consideraba nacionalista y chocaba contra las posiciones de Videla y de Roberto Eduardo Viola, quién sucedió a Videla en la presidencia. Los principales aliados de Massera eran Carlos Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez quienes además no querían una salida democrática y evitaban cualquier movimiento de apertura política.

Vale destacar que comenzó un período de privatizaciones de empresas estatales que se reflejaron en la decisión de YPF de contratar firmas tercerizadas para extraer combustibles.

Mientras tanto, un grupo de madres de jóvenes secuestrados y desaparecidos por la dictadura comenzó a realizar concentraciones alrededor de la pirámide de Mayo que fueron conocidas como las rondas. Finalmente, estas mujeres se denominaron con el nombre de Madres de Plaza de Mayo y sus acciones llamaron la atención de la prensa internacional.

La presión mediática hizo que el propio presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter le exigiera a Videla que regularice la situación de los desaparecidos. El Secretario de Estado de Carter, Cyrus Vance estuvo en Argentina en noviembre de 1977 y le presentó al gobierno argentino una lista de 7500 desaparecidos. Además el funcionario estadounidense se entrevistó con  las Madres de Plaza de Mayo y se comprometió en interceder por la liberación de los detenidos.

En 1978, se disputó el Mundial de fútbol en Argentina y el gobierno argentino quiso aprovechar este certamen internacional para dar una imagen de un país ordenado, próspero y estable y  se endeudó para construir estadios, hoteles e infraestructura necesaria para albergar una Copa del Mundo.

Martínez de Hoz instauró un sistema denominado “La tablita” que fijaba la cotización del dólar mediante devaluaciones y se redujeron los aranceles a las importaciones generando “un dólar barato” para quienes apuesten por traer productos del exterior.

Los principales países del mundo siguen presionando a Videla por los desaparecidos y este finalmente terminó accediendo a una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizó en septiembre de 1979. Los expertos recorrieron cárceles y recibieron 5000 denuncias de desaparecidos.

Asimismo, el gobierno reavivó un viejo conflicto limítrofe con Chile por las islas del Canal de Beagle que casi deriva en una guerra y que necesitó de la intervención del propio Papa Juan Pablo II, quién designó al cardenal Antonio Samoré como intermediario.

Las internas dentro de la Junta Militar se fueron incrementando y en 1980, Massera anunció la creación del Partido por la Democracia Social que fue sostenido por un diario llamado Convicción. Ese periódico estaba conformado por presos de la ESMA que eran obligados a trabajar para ese medio.

La crisis económica desatada por el plan de Martínez de Hoz generó la salida de Videla del poder en 1981 y la llegada de Roberto Viola a la primera magistratura. En ese año, el sindicalismo argentino se dividió entre los dialoguistas y los combativos, cuya figura emblemática fue el líder de los cerveceros, Saúl Ubaldini quién pasó a comandar la CGT Brasil (denominada así porque establecieron sus oficinas en la calle Brasil del barrio porteño de Constitución).

El sucesor de Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut dijo “El que aposta al dólar, pierde” y luego de eso se produjo una devaluación del 30%. Cuando asumió, la inflación anual era del 131%, la deuda externa crecía exponencialmente, la desocupación aumentaba producto del cierre de las fábricas y se registró una caída del salario real de los argentinos que nunca se había visto en el país.

Los sindicatos que seguían a Ubaldini convocaron a marchas denominadas “Paz, pan y trabajo” y la propia Iglesia Católica salió a despegarse del Gobierno debido al malestar social. Los principales Cardenales del país afirmaron que no debían involucrase en política y solo apostar por la evangelización.

Además se creó la multipartidaria que reunía a miembros de los principales partidos políticos, entre ellos el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, que pedían por el retorno a la democracia.

Dentro de la Junta Militar, la interna seguía a flor de piel y Viola fue desplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri, quien asumió a fines de 1981. El 30 de marzo de 1982, se produjo una marcha de la CGT de Ubaldini en Buenos Aires que terminó con una fuerte represión. El 2 de abril de ese año, se anunció la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas dando inicio a una guerra desigual con Gran Bretaña que terminó con la capitulación el 14 de julio.

Luego del fracaso de Malvinas, cayó Galtieri y Reynaldo Benito Bignone fue el último presidente de facto que tuvo el país antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983 que determinó el triunfo del radical Raúl Alfonsín. El 10 de diciembre de 1983, el presidente electo asumió el poder y culminó uno de los periodos más oscuros de la historia argentina.

 

 

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