
Un empleado venezolano de la embajada argentina en Caracas fue liberado en las últimas horas luego de permanecer detenido durante más de un año en el Helicoide, el principal centro de detención de los servicios de inteligencia del chavismo. Se trata de Marino Antonio Mendoza, quien había sido arrestado en diciembre de 2024 y estuvo privado de su libertad durante 13 meses, según confirmaron referentes de la oposición venezolana.
La noticia fue difundida por la activista Elisa Trotta, quien celebró la liberación y volvió a reclamar por el resto de los detenidos por motivos políticos en Venezuela. “Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio. Nos alegra profundamente esta noticia, pero seguimos exigiendo la liberación de todos los presos políticos”, expresó a través de sus redes sociales.
Informamos que Marino Antonio Mendoza, venezolano y trabajador de la Embajada de Argentina en Caracas, fue excarcelado.
Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio.
Nos alegra profundamente esta noticia. Seguimos exigiendo la liberación de… pic.twitter.com/oMdEL3bkVk
— Elisa Trotta (@EliTrotta) January 21, 2026
Mendoza se desempeñaba como conductor oficial de la embajada argentina en Caracas. Al momento de su detención, la sede diplomática aún funcionaba, aunque meses después el Gobierno argentino decidió cerrarla.
En agosto de 2024, la administración de Javier Milei retiró a su personal diplomático luego de que el chavismo intimara a representantes de Argentina y otros seis países a abandonar Venezuela, en respuesta a críticas y pronunciamientos sobre las elecciones presidenciales de julio de ese año.
La liberación de Mendoza se produjo en el marco de una serie de excarcelaciones impulsadas por el gobierno chavista tras fuertes tensiones internas y externas. Según informaciones oficiales, alrededor de un centenar de detenidos por razones políticas fueron liberados en las últimas semanas. Sin embargo, organismos de derechos humanos advierten que estas medidas resultan insuficientes.
De acuerdo con registros independientes, aún permanecen encarceladas más de 700 personas consideradas presas políticas en Venezuela. Entre ellas se encontrarían al menos dos ciudadanos argentinos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, cuyos casos siguen siendo motivo de reclamo por parte de familiares y organizaciones internacionales.
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